Tapaos los unos a los otros
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Uno de los asuntos más delicados del gobierno del doctor Fernando Toranzo que lo tiene sumido en una grave crisis económica y de credibilidad es, sin duda alguna, el tamaño de los pasivos que soporta y concretamente el destino que se le dio a una buena parte de los 1,500 millones de pesos que gestionó el ex gobernador Marcelo de los Santos en las postrimerías de su mandato. En este caso, el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, observó en el informe de la auditoría que le practicó a la cuenta pública estatal del 2009, que abarcó nueve meses de la anterior administración y tres de la actual, que 557 millones de los 937 de que dispuso el panista no se destinaron al cumplimiento de obligaciones derivadas de inversiones públicas productivas a que estaban comprometidos, aunque tampoco precisa en dónde y cómo se gastaron. Otra parte de ese crédito, 381 millones de pesos, no tiene observaciones, por lo que podemos concluir que se aplicó correctamente; pero también señala que la administración priista recibió el remanente del préstamo que no ejerció la anterior, o sea 562 millones, y que no se sabe a qué se destinaron.
Así de grave es la acusación que presentó el auditor en contra de las dos administraciones, y que este gobierno, en 43 meses de ejercicio, no ha probado documentalmente su destino. Tan sólo niega haber recibido o ejercido esos recursos, pero no justifica fehacientemente las observaciones financieras que se le fincaron. Si nada debiera o temiera ya nos habría entregado el pliego de las observaciones que levantaron los auditores que desde octubre del 2010 le hemos estado solicitando, así como los documentos que han hecho valer para solventar esas acusaciones. Las artimañas y recursos que han utilizado para evitar que la información trascienda nos han obligado a integrar nueve expedientes que con distintas características pero un mismo objetivo hemos presentado ante la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Finanzas. El pliego de observaciones es un documento clave en esta investigación porque en éste deben constar los pormenores del resultado de la revisión que levantaron los auditores asignados a la Secretaría de Finanzas, así como los elementos que aportaron los auditados para desvanecer las observaciones.
El encargado de las finanzas del gobierno del Estado, Jesús Conde Mejía, ha reconocido en diversas ocasiones que el ex gobernador les dejó 361 millones de pesos etiquetados para cubrir aguinaldos, fondos de ahorro a los trabajadores y compromisos de pago que se tenía con los municipios; así como otros 561 millones provenientes de la federación que estaban etiquetados para seguridad, educación, proyectos de infraestructura y otros rubros. Lo que haría un total de 913 millones de pesos; pero que del préstamo bancario no recibieron un sólo centavo. También denuncia que no le dejaron documentos con los que se pudiera comprobar el destino que se le dio a ese dinero. Se trata de una justificación inaceptable para el responsable del manejo del erario público pues en todo este tiempo bien podía haber rehecho la contabilidad solicitando a los bancos copia de los cheques que se expidieron con cargo a las cuentas bancarias en las que se depositó el importe del préstamo, y citar a los beneficiarios de esos pagos para revisar los comprobantes; por eso podemos afirmar que el gobierno de Toranzo es un encubridor de los ilícitos de su antecesor pues cualquier contador de medio pelo ya habría dictaminado esas cuentas y delimitado las responsabilidades en que incurrió el gobierno panista. Puede ser que hayan manipulado y falseado documentos durante estos tres largos años de tal manera que ahora la identificación exacta del destino que recibió la totalidad de ese préstamo resulte complicada, pero de lo que podemos estar seguros es que una buena parte de esos recursos los utilizaron en banalidades y para sanear y regularizar los boquetes presupuestales del gasto corriente ejercido irresponsablemente en las dos administraciones.
Otra pieza clave en este asunto que nos permitiría conocer la versión de Marcelo de los Santos es la relación completa de los cheques enlistados en los seis anexos que presentó el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara Robles, al auditor superior, y que sistemáticamente nos lo han negado, así como el fideicomiso en el que supuestamente se explica la aplicación de esos recursos.
Esta semana el Poder Judicial de la Federación le ordenó a la CEGAIP que haga valer el acuerdo con el que en un principio había desclasificado la información de la auditoría de la cuenta pública estatal del 2009 como reservada, y que después, su presidente revocó en una resolución arbitraria y unilateral. Al presidente de la CEGAIP, Alejandro Serment, se le concedieron tres días hábiles que se vencen el próximo martes para vigilar el cumplimiento del amparo; aunque no me extrañaría que en un último intento por chicanear este asunto, el auditor Mayorga invente algún recurso con el que nos niegue la información o nos la entregue incompleta o alterada. El amparo concedido se convierte en el primer precedente para que la información sobre la revisión a las cuentas públicas deje de ser un secreto.
Después de esta humillante zarandeada, en la que la justicia federal y el gobernador del Estado desconocen la autonomía constitucional de la CEGAIP y le ordenan que gestione la entrega de la información solicitada, sería aberrante que el Congreso del Estado no publique de inmediato en su página web los informes de las auditorías de las cuentas públicas del 2012 que en unos días más empezará a recibir, bajo el pretexto de que el auditor clasificó las anteriores como reservadas. Los diputados deben entender que su papel en la fiscalización de las cuentas públicas es intrascendente, y más bien decorativo, pues sólo tienen facultades para emitir un dictamen en el sentido de que el informe que recibieron se encuentra apegado a derecho, pero sin atribuciones para adentrarse ni revisar su contenido.
