Tirando el dinero a la basura

Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE

La Auditoría Superior del Estado (ASE) es un organismo oscuro, inútil e improductivo. Sus informes no son confiables. Su titular, J. Héctor Vicente Mayorga Delgado, es un encubridor al servicio de los intereses de los altos funcionarios del gobierno, a los que protege y alienta, lo que le ha permitido mantenerse en ese cargo desde su creación en el 2006. La fiscalización de las cuentas públicas es un fracaso. Sería más productivo, menos caro y más confiable que despachos externos de auditores -que permanentemente asesoraran y previnieran a los responsables de manejar el dinero- se encargaran de esta tarea y reportaran sus resultados finales al Congreso del Estado y a los ciudadanos a través del Internet, para que despachos de abogados previamente contratados demandaran el resarcimiento de los daños. El dispendio, la desviación de recursos y los negocios que se realizan al amparo de los cargos públicos siguen siendo la constante en el gasto público. Es imposible que con tanta corrupción se puedan mitigar las expresiones más dolorosas de la pobreza que azotan a la entidad. Los gobernantes deben aprender a administrar la pobreza con acciones radicales de austeridad, más que erradicarla, porque esto último es una utopía.

Hasta el 31 de diciembre de 2012 sólo se había recuperado la ridícula suma de 25 mil 596 pesos de los miles de millones de pesos que se han observado durante más de un sexenio, como se puede verificar en los documentos agregados a la página web de Proyecto Tábano que el pasado 20 de junio tuvo que entregar el auditor a un peticionario de información pública. Durante este período se le han destinado a la ASE más de 470 millones de pesos del presupuesto de egresos del Estado, más 15 millones 690 mil pesos que recibió en los últimos tres años (2010-2012) del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), más 4 millones 384 mil pesos por concepto de multas y rendimientos por los depósitos e inversiones que maneja en bancos. La Ley de la Auditoria Superior del Estado le permite quedarse con el importe de las multas que deberá repartir, un 40% para estímulos al personal y el resto para fortalecer sus actividades. La Secretaría de Finanzas y las tesorerías municipales no reciben un sólo centavo por este concepto. El apetito del auditor por el dinero no tiene límites, pues el 29 de junio de 2012 demandó más recursos, mismos que la Comisión Gasto Financiamiento que preside el secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, le aprobó en una ampliación presupuestal por más de 5 millones 800 mil pesos. Este año maneja un presupuesto de más de 133 millones de pesos, más los extras que recibe por otros conceptos. El dinero lo maneja con absoluta discrecionalidad, y el único que le pide cuentas es la federación, pero únicamente por las cantidades que de ésta recibe.

Cualquier empresario que hubiera confiado tal cantidad de dinero a un administrador lo hubiera corrido a patadas si estos fueran los absurdos e inadmisibles resultados de su inversión. Sabemos que la principal causa por la que campea en el país la corrupción es la impunidad, y la actuación de Mayorga es una garantía de este lastre que nos está hundiendo; aunque es también la persona más conveniente para proteger los intereses de los altos funcionarios del gobierno porque con él tienen la certeza de que hagan lo que hagan, nada les va a suceder. Sería una insensatez cesarlo y poner en su lugar a otro que realmente los fiscalizara y sancionara. Seguirá haciendo méritos y relaciones para que el próximo año lo ratifiquen en su cargo por un período que concluiría hasta el 2021. A la cuenta pública del Poder Ejecutivo, correspondiente al ejercicio fiscal del 2012, escasamente le observó irregularidades por 21 millones 370 mil 837 pesos. Nada serio, nada comparable con los más de 2 mil 772 millones de pesos que observó en el ejercicio del 2009, por lo que resulta inverosímil este salto abismal de honestidad y buenos manejos si la percepción ciudadana y las denuncias son las mismas en estos años. Por ejemplo, a la Secretaría de Finanzas le señala 3 observaciones financieras: la primera por 5 mil 732 pesos porque no cobró la indemnización correspondiente por la recuperación de varios cheques devueltos; la segunda por 254 mil 034 pesos por el pago de honorarios a dos personas que no estaban previstas ni presupuestadas; y la tercera por 22 mil 941 pesos porque no acompañó una póliza en la adquisición de unos artículos para oficina. Entre las observaciones administrativas, en las que no se precisa la cuantía de la falta, menciona que en la declaración de ingresos de los invernaderos de Santa Rita no se reportaron los ingresos reales que recibió la paraestatal. Sin embargo, no aclara cuál es el monto de lo omitido y menos el nombre y cargo del responsable.  La observación financiera más grave de la auditoría se la llevó la Oficialía Mayor, por 3 millones 422 mil pesos, porque detectó a un grupo de burócratas que cobra en el Gobierno del Estado pero labora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Secretaría de Salud y en la  SEGE. Con los antecedentes que existen sabemos que ni el oficial mayor ni los “aviadores” devolverán cantidad alguna por las remuneraciones que indebidamente cobraron.

Las limitaciones de los diputados panistas no les permiten ver que la Ley de Transparencia y la propia de la ASE les dan acceso a los pliegos de observaciones de los auditores que hicieron el trabajo de campo para que con esa información revisen los asuntos que le observaron al Poder Ejecutivo, y verifiquen si fueron satisfactoriamente solventados porque no es creíble que el informe final de la auditoría hubiera quedado reducido a una cantidad insignificante para el monto de los recursos que manejaron. También podrían solicitar el informe completo de la auditoría, -pues hasta ahora sólo ha circulado el pliego de las observaciones- así como las actas de la Comisión Gasto Financiamiento para revisar si las transferencias y ampliaciones de recursos que se autorizaron se ajustaron a los requisitos de legalidad y racionalidad que debe tener el gasto público.