Se queda la tenencia
Segunda y última Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Pueden pasar inadvertidos los diputados que no van a cumplir con su compromiso de derogar el Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos si la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado no se reúne a dictaminar la iniciativa que presentaron la mayoría de los legisladores para que desparezca el impuesto; pero si este asunto se turna al Pleno del Congreso, los dos o tres diputados que se echarían para atrás porque se les ha encomendado la tarea de realizar el trabajo sucio para que el gobierno siga cobrando el gravamen, serían exhibidos vergonzosamente como traidores y deshonestos.
Les sale más barato congelar la iniciativa o por lo menos aplazar su dictamen hasta después de que se apruebe el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2014, cuando ya todo esté consumado, y no seguir creando falsas expectativas entre los contribuyentes de que el próximo año desaparecerá la tenencia. Tampoco podemos perder de vista que la fracción parlamentaria del PRI -que controla el gobierno del doctor Fernando Toranzo- tiene la mayoría de votos en esa Comisión, pues cuenta con 4 de las 7 posiciones que la conforman: Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, quien la preside; Delia Guerrero Coronado; Federico Ángel Badillo Anguiano y José Eduardo Chávez Aguilar. Lo que les garantiza que el dictamen derogatorio no será aprobado en los términos que se plantea.
Hace ocho días señalaba en este espacio que los ingresos por concepto del Impuesto sobre la Tenencia, si se deroga, podrían ser sustituidos por otros ingresos si el secretario de Finanzas cobrara los impuestos que su mediocridad no le permiten cobrar, como son las contribuciones por concepto de mejoras y el de erogaciones y remuneraciones al trabajo personal, exigiéndoselos a todos los contribuyentes que señala la Ley de Hacienda del Estado. Son tantas las deficiencias de esta administración y tantos los intereses que no se atreve a tocar que la Secretaría de Finanzas recaudó en el 2012 la miserable suma de 2 millones 49 mil pesos por un impuesto que deben pagar todas aquellas personas que adquieran bienes ejidales en su primera enajenación. Ni siquiera existe un formato autorizado para declarar y enterar el gravamen que fija una tasa del 10% sobre el valor de la operación o el del avalúo, el que resulte mayor, en las enajenaciones de inmuebles desincorporados del régimen ejidal con los que los especuladores del bienes raíces están multiplicando sus fortunas. En más de dos años no se ha implementado un sistema de pago electrónico para que los retenedores realicen el pago.
Pero para derogar el Impuesto sobre la Tenencia que tanto defiende el gobierno del estado, los diputados también deben proponer acciones concretas para reducir el gasto corriente y otras obligaciones que asfixian a las finanzas públicas. Deben ser propuestas viables y razonables que le permitan al gobierno lograr un ahorro importante para invertirlo en obras públicas productivas y gasto social. La primera medida que todos los potosinos aplaudiríamos sería la de reducir, por lo menos a la mitad, el financiamiento público que reciben los partidos políticos, que en un año no electoral como el que transcurre asciende a la suma de 36 millones de pesos. Cuando hay elecciones se triplica el apoyo gubernamental. A la Auditoría Superior del Estado se le asignó una partida de 133 millones de pesos, que es lo mismo que tirarlos a la basura porque ese organismo inútil, oscuro e improductivo, además de ser una tapadera de los manejos ilícitos de los funcionarios, sólo pudo recuperar hasta el 31 de diciembre de 2012, la ridícula suma de 25 mil 596 pesos (pesos, no millones) de los montos observados durante el sexenio, como se puede verificar en los documentos agregados a la página web de Proyecto Tábano.
Cada uno de los diputados recibe más de 2 millones 800 mil pesos anuales por 14 diferentes conceptos. Ese monto se podría reducir a una tercera parte si el voto de los electores se condicionara a que los diputados renunciaran a tantos privilegios. Ningún diputado cuestiona los movimientos que autoriza la Comisión Gasto Financiamiento del gobierno del estado que maneja a su antojo el secretario de Finanzas, y en la que cientos de millones de pesos de ampliaciones presupuestales se aplican ilegalmente al gasto corriente. El gobierno de Toranzo no ha detallado el destino que le dio a los más de 98 millones de pesos que recibió de utilidades como socio mayoritario de los Invernaderos de Santa Rita en el 2012. Nadie sabe qué hizo con ese dinero. Como tampoco ha informado de las gestiones de cobro de los 70 millones de pesos que adeuda Grupo Santos al erario potosino.
Hay muchos otros gastos que se podrían reducir sustancialmente, como por ejemplo los ofensivos e inexplicables 3 millones 400 mil pesos que se destinan al pago de servicios de limpieza y manejo de desechos del despacho del ejecutivo y Casa de Gobierno. Me atrevo a asegurar que no hay una residencia en San Luis, ni la más lujosa y cara del estado, en la que sus propietarios eroguen tales cantidades. El gobernador del estado debería pagar de su bolsa el costo de las horas vuelo de las aeronaves que utiliza para su recreo y presentar un informe detallado de todos los gastos que destina a su residencia y persona. Estoy seguro que se provocará un escándalo mayor el día que se conozcan.
Si el gobernador del estado eliminara los gastos de difusión de su imagen, si no pagara por aparecer todos los días en las primeras páginas de la prensa local y se ajustara sólo a publicar los eventos y anuncios estrictamente necesarios para el funcionamiento de su administración se podrían ahorrar más de 40 millones de pesos anuales que destina al área de comunicación social. Es un fraude que el gobierno del estado pague contratos millonarios por cobertura noticiosa y entrevistas a modo en las que no cabe la crítica ni la réplica de los ciudadanos.
