Entre pitazos y balazos
Por Eduardo Martínez Benavente
Las órdenes de aprehensión no se anuncian, se ejecutan. La filtración que sufrió el acuerdo del Juez Sexto Penal que ordena la detención de la ex alcaldesa Victoria Labastida y otros cuatro implicados en diversos delitos que se les imputan fue un sorpresivo pitazo que los puso sobre aviso para evitar la acción de la justicia. La Procuraduría General de Justicia no tuvo la precaución de ubicarlos hasta conseguir el oficio del juez que obsequió el arresto. Las autoridades sabían que los acusados cuentan con recursos económicos que les permiten cambiar de residencia a cualquier otro lugar y desaparecer del escenario por muchos años. La información que se filtró y que Pulso dio a conocer en exclusiva, muestra en el mejor de los casos una imperdonable falla en la secrecía de la averiguación y el sigilo necesario; aunque creo que más bien se trata de un arreglo político entre la ex presidenta municipal y el gobierno de Juan Manuel Carreras para que el nuevo titular del Poder Ejecutivo gane legitimidad y simpatías al tomar una decisión largamente esperada y demandada por los potosinos, pues el gobernador del estado es el único que le podía dar luz verde a una acción de esta envergadura, evitando de esta manera que se le tache de encubridor u obstructor de la justicia, como a su antecesor. Tan es así que sólo se les busca por los delitos de peculado y uso indebido de la función pública, y no por el de asociación delictuosa que queda perfectamente tipificado y por el que no alcanzarían la libertad bajo caución.
Es oportuno recordar cómo se cumplimentan las órdenes de aprehensión para entender la maniobra, y para esto tenemos el caso del ex presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona, a quien el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo engañó dos días antes de que lo detuviera asegurándole que no existía ninguna orden en su contra. Confiado en su palabra regresó tranquilo a su terruño para que en un operativo rudo y espectacular lo detuvieran, exhibieran y trasladaran a la Ciudad de México. Qué no hubiera dado el joven alcalde si le hubieran advertido que iban por él. Ahora, en el colmo de la insensatez y desmesura pretenden reivindicarlo y honrarlo cambiando el nombre de la avenida principal de esa cabecera municipal por el suyo, en un acuerdo de cabildo que bien podría interpretarse como una apología del delito, pues sobre el procesado pesa un auto de formal prisión y aún no se ha dictado una sentencia definitiva que lo declare culpable o inocente.
El gobierno de Juan Manuel Carreras se inicia entre pitazos y balazos, estos últimos ocurridos en el centro histórico de la ciudad en el segundo día de su mandato, y en un ambiente de preocupación e inseguridad porque los homicidios se han incrementado alarmantemente en el estado. Los delincuentes no le dado un momento de tregua para que se instale en paz. El control que ejerce su gobierno sobre la mayoría de los medios de comunicación le ha permitido minimizar la gravedad de los acontecimientos. La balacera entre asaltantes y policías registrada el pasado lunes en la tarde en una bodega de cereales ubicada a unos pasos de la alameda Juan Sarabia, antes de que cerraran los comercios y oficinas, nos recordó por su duración e intensidad la perpetrada durante la administración del ex gobernador Marcelo de los Santos frente al edificio de la Acción Católica, por lo que no es creíble que sólo se hayan reportado dos policías heridos y un delincuente detenido.
No se conocen los ilícitos que se les imputan a los ex funcionarios en la averiguación, aunque deben corresponder a algunas de las observaciones de las auditorías que no fueron solventadas. El abuso y desorden financiero que caracterizó a esa administración fue escandaloso. Los pasivos se incrementaron ilegal e irresponsablemente. Varios créditos bancarios no se pagaron al término del trienio. Una buena parte de la obra pública quedó inconclusa y con graves señalamientos de corrupción. Un gasto que indignó a los potosinos fue el de los casi 40 millones de pesos que se pagaron por concepto de cirugías plásticas practicadas a algunos empleados y funcionarios municipales para levantarles los glúteos, reducir las narices y desparecer papadas y arrugas..
Algunos de los indiciados y otros que aún no han sido incluidos en la lista de los más buscados operaron para que el grupo constructor ISCAMAPI se hiciera de los terrenos donde se construye el fraccionamiento Monterra, siendo el único postor de un inmueble de 20 hectáreas que presentó su oferta en el último momento de la subasta, justo antes de que ésta se cerrara, y una vez que le filtraron información privilegiada que le aseguraba que nadie más se había presentado; lo que le permitió ofrecer lo mínimo por el terreno y solicitar además una serie de facilidades que debieron ser rechazadas, como pagar el precio en cómodas mensualidades, que por cuenta del Ayuntamiento corrieran los gastos de la escritura, que le acercaran sin costo alguno los servicios municipales, que no le cobraran intereses y que le agilizaran todos los trámites administrativos para estar en condiciones de comercializar de inmediato el inmueble. Algunos pagos se hicieron mediante una triangulación inexplicable con depósitos de recursos provenientes de los parquímetros.
La mayoría de los integrantes del cabildo autorizaron un dictamen que presentó el regidor Luis Miguel Avalos Oyarvides, en el que se avaló una negociación ilegal que permitió a Parque Logístico recuperar dos superficies de terreno que suman más de 263 mil metros cuadrados a un precio absurdamente bajo y lesivo a los intereses del municipio. No se pagó ni una décima parte de su valor real. Ejemplos de la incontenible y burda rapiña hay muchos otros que se irán integrados a la averiguación.
