Niega Congreso información por no desahogar en tiempo trámites internos
Por Proyecto Tábano
El Congreso del Estado inauguró el pasado 23 de enero una nueva modalidad de atención a las solicitudes de acceso a información pública: posponer la respuesta hasta en tanto el Comité de Transparencia de la dependencia, presidida por la diputada Josefina Salazar Báez, decida sobre la forma en que se entregará la documentación.
Se trata de la petición con número de folio 00009318, tramitada vía la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que le requieren al Poder Legislativo la entrega de “facturas, recibos o cualquiera que sea su denominación de gastos médicos menores” hechas por los seis diputados durante el mes de noviembre.
Se trata de gastos amparados, de acuerdo con la solicitud, por los cheques entregados a los diputados Dulcelina Sánchez de Lira (67603), Gerardo Serrano Gaviño (67644), Manuel Barrera Guillén (67723), Xitlálic Sánchez Servín (67734), Rebeta Terán Guevara (67839) y José Luis Romero Calzada (67849.
Por respuesta, el solicitante recibió la siguiente explicación:
“…de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de San Luis Potosí, y en el artículo quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas, se envió dicha información al Comité de Transparencia para confirmar su clasificación, encontrándonos al día de hoy en espera de la resolución. Sin embargo, tan pronto el Comité de Transparencia realice la clasificación, se podrá hacer entrega al peticionario.”
La Unidad de Información Pública del Congreso del Estado clasificó su respuesta como “B. Negativa por ser confidencial o entrega en versión pública”.
En su respuesta, la Unidad de Transparencia anexó el oficio No. 035/LXI/2018, mediante el que Beatriz Benavente Rodríguez, oficial Mayor, y Héctor Meraz González, coordinador de Finanzas, con fecha 22 de enero –día que vencía el plazo para la respuesta–, solicitaron a Salazar Báez la autorización de la versión pública de la información por parte del Comité.
Al día siguiente, la Unidad de Información envió su respuesta vía la Plataforma Nacional de Transparencia en la que la anuncia que “tan pronto el Comité de Transparencia realice la clasificación, se podrá hacer entrega al peticionario”. En los hechos, la respuesta resultó una negativa, dado que el solicitante no recibió los datos que requirió.
La Ley de Transparencia del estado señala como modalidades por las que se puede aplicar una negativa de acceso a información en posesión de las entidades públicas “alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones”.
La omisión por parte de Salazar Báez de no citar al Comité de Transparencia para atender el caso no es causal de negativa y sí, en cambio, se pudo solicitar una prórroga de diez días adicionales para desahogar el trámite.
El solicitante presentó recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
Los comprobantes de gastos requeridos por el solicitante se refieren al pago de gastos médicos que, tan sólo en el mes de noviembre, sumaron 139 mil 180.87 pesos para la atención de sólo seis diputados.
