Contrapesos: Ocultando las deudas

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Ocultando las deudas

Eduardo Martínez Benavente

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¿Por qué el gobernador Marcelo de los Santos maniobró tan burdamente para que nadie se enterara de la más reciente reestructuración de la deuda pública directa del gobierno del Estado? Fue hasta el 7 de octubre de 2008, cuando los potosinos conocimos que su gobierno había renegociado la totalidad de la deuda bancaria con un solo banco, el Mercantil del Norte. Para entonces habían transcurrido más de 7 meses de la fecha en que el gobernador, el secretario de Finanzas, Joel Azuara y el secretario general de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca firmaron el contrato de apertura de crédito simple con afectación de participaciones en ingresos federales para el pago del mismo. ¿Por qué no lo publicitaron en los medios de comunicación? ¿Por qué no concursaron esta operación con otras instituciones bancarias que podían haber ofrecido mejores condiciones? ¿Por qué se resiste la Secretaría de Finanzas a revelar los castigos que se pagaron a los bancos que dejaron de ser acreedores? ¿Quién les aconsejó que en un artículo transitorio de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal 2008, taparan un asunto de tal relevancia, como es el permiso que se requiere del Poder Legislativo para renegociar los pasivos con diversos bancos que ascendían en ese momento a 2 mil 732 millones de pesos; lo que en todo caso obligaba al Congreso a cumplir con una serie de requisitos que no se cubrieron y que invalidan el contrato que celebró el Gobierno del Estado con su acreedora? ¿Qué es lo que querían ocultar? ¿Quién los convenció para que mediante una apócrifa “fe de erratas”, porque estaban ciertos de que no se trataba de un error de imprenta, publicada el 22 de diciembre de 2007, le agregaran a ese artículo transitorio un segundo párrafo en el que se faculta al Ejecutivo del Estado a afectar a favor del banco reestructurador las participaciones que en ingresos federales le corresponden? ¿Qué no sabían que no se puede legislar un asunto de esa naturaleza en un artículo transitorio que no tiene otro objetivo que relacionar una ley en cuanto a su vigencia temporal, espacial, material o personal a través de una hipótesis de un hecho u acto? ¿Por qué trataron de evitar que este asunto lo advirtieran los diputados, sabiendo que su solicitud de todas maneras hubiera pasado sin contratiempos por un Congreso dócil y facilito? Sólo el gobernador tiene las respuestas.

Este procedimiento nos obliga a concluir que tales movimientos obedecen a la insolvencia del gobierno del Estado para hacer frente a sus desorbitados compromisos, pues en esta misma administración ya se había reestructurado la deuda bancaria, y por lo visto fracasaron sus cálculos y los plazos les fueron insuficientes. Ahora se prorrogan hasta febrero del 2028, término que alcanzará a otros 4 gobernadores. Así de irresponsable es el arreglo. En el presupuesto de egresos del 2009 se destinarán un poco más de 289 millones de pesos, sólo para el pago del servicio de la deuda pública directa. Un ejemplo de que en esta administración prevalece la falta de liquidez y el descontrol presupuestal, es que el gobierno del Estado, no obstante que presume captar ingresos por casi 24 mil millones de pesos anuales, tiene la necesidad de recurrir permanentemente a los créditos quirografarios, los que en el 2008 sumaron la cantidad de mil 250 millones de pesos, con un saldo insoluto al 31 de octubre de ese año de 222 millones de pesos, originando esto, un pago de más de 25 millones de pesos por concepto de intereses.

El gobierno que suceda a Marcelo debe suspender el pago de la deuda pública directa, fincar responsabilidades a los que incurrieron en estos ilícitos, y demandar la aplicación de sanciones a los funcionarios bancarios que se prestaron a esta patraña; porque además se omitió dolosamente por parte del gobierno fundar y motivar su solicitud con argumentos y razonamientos válidos para ese acto legislativo. La solicitud debió constar en una iniciativa por separado, distinta a la del Presupuesto de Egresos, con su propia exposición de motivos. Tenía que haberse turnado y dictaminado por las comisiones de Gobernación y Hacienda, aparecer listado en el orden del día, y agregado su dictamen, debidamente aprobado, en la Gaceta Legislativa para su lectura, discusión, análisis y votación en el pleno. Y nada de esto se hizo.

A la larga lista de pasivos de la hacienda pública estatal, que al 31 de diciembre de 2007 ascendían a un monto de $6,052,837.000.00, según sus propios informes, y que antes de que termine el sexenio podrían alcanzar conservadoramente los 7 mil millones de pesos, habrá que agregarles un nuevo compromiso: el pago de 4 mil 312 millones 500 mil pesos, que se deberá cubrir en 300 mensualidades de $14,375,000.00 cada una, al ganador de la licitación que se le adjudique la construcción del acueducto “El Realito”, quien además deberá prestar el servicio de conducción y potabilización del agua asignada a San Luís Potosí, procedente de esta presa. Para asegurar el pago de estas obligaciones, el gobierno de de los Santos afectará de sus recursos financieros un monto equivalente de hasta el 50% de la recaudación que realice por concepto de Impuesto sobre Nóminas. Que no se nos olvide que Fox utilizó la presa de El Realito como herramienta política, unos días antes de la jornada electoral del 2006, para apuntalar entre los potosinos a los candidatos panistas, y nos hizo creer que su costo correría por cuenta de la federación. Como también nos engañó cuando nos prometió que su caudal abastecería de agua potable a toda la capital del Estado, ahora, los técnicos reconocen que sólo cubrirá el 30 por ciento de nuestras necesidades. Se trata de una inversión desproporcionada para las finanzas del Estado que se tenía que haber revisado con mayor detenimiento, porque el precio que se pagará a la empresa que prestará el servicio es lesivo e injusto para nuestra economía, ya que el ganador de la licitación, con una inversión de 850 millones de pesos, se llevará todo ese dinero.

VISOR DE TRANSPARENCIA