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Los secretos de Marcelo Eduardo Martínez Benavente Enero 25, 2009.
Sólo el gobernador Marcelo de los Santos sabe qué lo movió para ordenarle a Joel Azuara y a Manuel Sánchez Hermosillo, titulares de las Secretarías de Finanzas y de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, respectivamente, que clasificaran toda la información relativa a los Invernaderos de Santa Rita, como “información reservada”, y por lo tanto, inaccesible para cualquier peticionario. No se justifica ni se explica tal medida, a menos que su intención sea la de ocultar disposiciones indebidas de recursos ocurridas en ese centro de producción. También sabe que no es válido el argumento de la “ventaja indebida” que esgrimen sus funcionarios para negar la información que se solicita, pues en la página 5 del acta de la sesión de los comités que tomaron este acuerdo, celebrada el pasado 28 de agosto, se señala que al no exigir la Ley de Transparencia interés jurídico o como vulgarmente se dice, que aunque no tengan vela en el entierro pueden obtener la información, entonces, cualquier persona podría actuar con ventaja. Cuando en realidad el derecho que se protege en esa disposición le da la misma ventaja a cualquier solicitante. Pero si la verdadera preocupación del gobierno fuera que nadie tuviera información privilegiada, entonces debería difundirla de oficio para que todos los interesados se enteraran, como lo establece el artículo 19 de la ley. Es muy probable que el gobernador se haya enredado en esta arbitraria decisión sin haber analizado que dicho acuerdo viola esta Ley y la Constitución del Estado, y más en este caso que se llegó al extremo de clasificar como reservado el informe de la cuenta pública de los invernaderos, pues por lo menos existen ocho disposiciones que obligan a hacer pública toda la información relativa al ejercicio y aplicación de recursos. Sabemos que se trata de un asunto de lo más incómodo para su administración que atiende personalmente, y que desearía finiquitar antes de que concluya su mandato, desapareciendo así todo vestigio de esta turbia y fallida inversión gubernamental. Sería demasiado ingenuo el gobernador del Estado si creyera que los términos y condiciones de la operación de compra venta de los activos de Santa Rita se mantendrán en la secrecía absoluta hasta el 2015, fecha en la que se liberaría la información. Que tenga la seguridad que de una u otra manera los potosinos obtendremos el testimonio de lo ocurrido, ya sea a través de una resolución de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública que le ordene transparentar la operación, o de un amparo, en el caso de que la CEGAIP confirme la negativa. Además, será imposible de controlar que un interesado real o ficticio en adquirirlos filtre los pormenores del expediente. A ningún presunto comprador se le podrán negar los datos que le permitan valorar su oferta. Éste tendrá acceso a todos los estados financieros, a los informes de ingresos y egresos, a las listas de sus clientes y proveedores, y a cuanto documento solicite. Es ilegal bloquear información que por su naturaleza debe ser pública, como es el caso, y más cuando existe un decreto legislativo en el que se le autoriza al Ejecutivo a enajenar al mejor postor el centro de producción agroindustrial de Santa Rita, a través de una subasta pública, por lo que se asegura, en el decreto, que este esquema permitirá la transparencia y rendición de cuentas de la operación, lo que resultaría imposible de cumplir si los ciudadanos no tenemos previamente la información debida y completa. El Congreso del Estado no debió autorizar la venta sin haber obtenido previamente un dictamen de un despacho externo de auditores, en el que se exhibiera la realidad financiera de los invernaderos, su situación jurídica y un avalúo que les sirviera de base, no de referente como se menciona en el decreto, para establecer un precio mínimo a esta operación. Para variar los diputados violaron la ley, y la autorización para la enajenación de Santa Rita es ilegal, pues no cumplieron con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luís Potosí, que establece que en caso de que se solicite al Congreso autorización para enajenar bienes inmuebles, deberá acompañarse necesariamente un avalúo comercial vigente. Lo que no se hizo. Todo comprador de buena fe debe abstenerse de participar en esta subasta pública hasta que no se subsane el ilícito. El daño a los invernaderos lo causan estas torpezas y no la divulgación de la información que se solicita. Estamos de acuerdo en que la Ley de Transparencia le permite al Ejecutivo vedar las solicitudes de información relativas a los procesos judiciales que todavía pesan sobre ese centro de producción hortícola, y que se mencionan en el acta en la que se acordó reservar la información, la que por cierto contradice el decreto en el que se autorizó la venta, pues en éste se asegura que todos los litigios concluyeron y se resolvieron a favor del Gobierno del Estado. Se trata de una inversión que fracasó por la indolencia y corrupción de algunos funcionarios, la que no dio ni para cubrir una sola de las 120 mensualidades del préstamo bancario que por 28 millones de dólares se comprometió pagar a Bancomer, y que la administración de de los Santos borró de la contabilidad gubernamental sumándolo a la deuda pública estatal, por todo esto, es previsible que nadie dé por esos bienes ni 200 millones de pesos, aún cuando su avalúo pudiera reportar el doble de esa cantidad. De todas maneras se requería de una revisión en serio para determinar si lo más conveniente es deshacerse de estos activos o mantenerlos, pues el responsable de los invernaderos, Sánchez Hermosillo, asegura que son negocio y que están redituando utilidades por más de 20 millones de pesos al año. Es previsible también que la enajenación no sea fácil, y menos cuando el país atraviesa por una profunda recesión, por eso, se impone la obligación al Ejecutivo del Estado para que abra la información y transparente todo lo relacionado con Santa Rita.
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6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008
Lista obtenida a través de solicitudes de información
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