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¿Cuánto gana un diputado? Eduardo Martínez Benavente Febrero 15, 2009.
Es encomiable el empeño de los dirigentes de los organismos empresariales de San Luís Potosí de presionar al Congreso del Estado para que legisle en materia de sueldos y otras percepciones de los servidores públicos, de tal manera que se reduzcan y regulen los ingresos de los diputados, así como los de los presidentes municipales, síndicos y regidores de los 58 ayuntamientos de la entidad. Por lo pronto les han ofrecido que en unos días más se debatirá en el pleno la iniciativa de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en la que se establece que los burócratas recibirán una contraprestación por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos que correspondan. Se trata de una iniciativa timorata y desorbitada, lo primero porque no se establece el número de salarios mínimos que limitarían sus ingresos, y lo segundo porque se decreta que las remuneración del gobernador del estado, magistrados y diputados, no serán mayores a las que reciba el presidente de la República, sin percatarse de que esa cifra es desproporcionadamente alta porque habría que sumarle a su salario oficial, el monto de las partidas secretas y demás prestaciones que recibe en especie en atención a su alta investidura. Es una lástima que su interés por incursionar en estos temas nada más alcance a tocar a las instancias legislativas y municipales de la administración pública; sus estrategias para posesionarse políticamente en esta coyuntura electoral no llegan a los asuntos que involucran directamente al gobernador Marcelo de los Santos, con él no se meten, no se atreven a cuestionarlo, como si éste no abusara del erario, y como si su gobierno fuera un ejemplo de austeridad y transparencia. Saben del enorme e irresponsable endeudamiento que le va a heredar a su sucesor, y no dicen nada, se quedan calladitos. Ni siquiera se les ocurre indagar el origen y monto real de los pasivos gubernamentales. Se quedaron mudos cuando conocieron el desaseado proceso de reestructuración de la deuda pública que celebró su gobierno con Banco Mercantil del Norte, sin la autorización expresa y legal del Congreso del Estado, y en la que se cubrieron leoninas comisiones por el prepago a los bancos que dejaron de ser acreedores y por la apertura del nuevo crédito. Nada quieren saber del convenio que celebró el gobierno del Estado con la General Motors, cuya información quedó arbitrariamente clasificada como reservada, y por lo tanto vedado conocer los términos y condiciones que se pactaron con la planta ensambladora que recibió más de 90 millones de dólares en subsidios y regalos. No les interesa indagar el robo millonario que, de acuerdo a las versiones de los empleados de Banorte, sufrió el Gobierno del Estado la semana pasada por parte del crimen organizado, en el que vaciaron algunas de sus cuentas bancarias mediante una original maniobra de levantones, amenazas y transferencias, y que el gobierno panista oculta vergonzosamente. Están enterados del ilícito en que incurrió el mandatario al haberle prestado al Grupo Santos la cantidad de 70 millones de pesos, que probablemente nunca le devolverá, para que con estos recursos le pagara a los cañeros huastecos una parte de los adeudos que no les ha cubierto. Es cierto que con esta medida mitigó un grave conflicto social originado por el incumplimiento de los empresarios, pero al disponer indebidamente de ese dinero cometió los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones. Desviar recursos del erario a esos fines, coloca al Estado en un grave predicamento, pues de ahora en adelante estará obligado a sacar del atolladero a otras empresas que por insolvencia económica o moral no les paguen a sus trabajadores. De los robos, secuestros, pandillerismo y extorsiones que se han multiplicado en todo el Estado, ya ni hablar. En fin, son tantos los espacios y temas restringidos en los que los empresarios se auto censuran, les da miedo, o no les conviene o no se atreven a incursionar, que lo menos que deberían de cuidar ahora que tanto les preocupa el grosor de los sueldos de los diputados y otros funcionarios, es que no se dejen engañar y desmenucen toda la información relacionada con las remuneraciones, que para los efectos de la iniciativa de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luís Potosí, habría que sumarle al sueldo, las prestaciones en efectivo, en crédito, en especie y en servicios, fijas o variables que reciben; y que en el caso de los legisladores potosinos ascienden a $2,761,057.90 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS) anuales, en 15 conceptos que se enlistan en el presupuesto de egresos del 2009: 1.- $1,059,888.00, por concepto de sueldos. 2.- $54,902.63 de prima vacacional. 3.- $262,103.11 de aguinaldo. 4.- $136,137.67 de fondo de ahorro. 5.- Aproximadamente $9,076.74 de la cuota del seguro de vida que les cubre el Congreso. 6.- Aproximadamente $20,971.30 de la cuota anual por el seguro de gastos médicos. Estas cantidades varían en cada uno de los diputados porque las cuotas que se cotizan se pagan de acuerdo a sus edades. 7.- Por otras prestaciones, que no se precisa cuales, reciben $88,330.41. 8.- Si se prorratea la partida de apoyo legislativo entre los 27 diputados, les tocan a cada uno $214,763.52. 9.- $241,730.15 por concepto de apoyo de gestoría. La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado dispensó a los diputados de la obligación de comprobar esta prestación. 10.- $458,975.00, si se prorratea entre cada uno de los diputados la partida que se denomina “Apoyo a las fracciones parlamentarias”. 11.- Hasta $34,706.07 para gastos médicos menores. 12.- aproximadamente $14,400.00 por concepto de estacionamientos. 13.- $26,875.00 para el informe legislativo. 14.- Aproximadamente $54,198.30 para viáticos; y 15.- $84,000.00 para vales de gasolina.
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