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Se solicita sirvienta Eduardo Martínez Benavente Febrero 22, 2009.
La encargada de administrar la Casa de Gobierno de San Luís Potosí no tuvo necesidad de publicar en los diarios locales una oferta de trabajo en búsqueda de sirvientas que pudieran atender algunos de los servicios del inmueble que ocupa el gobernador Marcelo de los Santos. La empresa denominada Manpower Industrial se encargó de la tarea. Si la responsable de esa área lo hubiera hecho, anunciando además que el pago fluctuaría alrededor de los 24 mil pesos mensuales, seguramente que habrían acudido a la invitación miles de potosinos de todos los niveles socioeconómicos, desde profesionistas, estudiantes, gerentes de bancos, amas de casa, ricos venidos a menos, y muchos, muchos desempleados que se hubieran peleado las 9 plazas que se solicitaban para desempeñar algunos de los trabajos domésticos de la residencia oficial ubicada en Montañas Rocallosas número 122, junto a la Garita de Jalisco. El pasado 28 de marzo, el Gobierno del Estado, representado por Humberto Picharra, en su carácter de oficial mayor, asistido por el secretario particular del gobernador, Arturo Álvarez Muñiz, celebró con Manpower Industrial, con domicilio en la ciudad de México, representada por Jaime Oscar Bustamante Miranda, un contrato conocido como outsourcing o de prestación de servicios de administración de personal, en el que la empresa se obligaba a proporcionarle a su cliente 9 trabajadores que se encargarían de los quehaceres de lavandería, limpieza, higiene y fumigación de la Casa de Gobierno, que desde Carlos Jonguitud han ocupado los mandatarios en turno. El objetivo principal de un outsourcing es reducir los gastos directos y las obligaciones laborales de la empresa adquirente mediante la subcontratación de personas que el prestador del servicio pone a su disposición. En el caso que nos ocupa pudiera justificarse esta estrategia desde el punto de vista económico, pero nunca desde la perspectiva social y jurídica, y eso, si es que realmente su preocupación fuera el ahorro y la optimización de recursos públicos, pues el Gobierno del Estado es uno de los patrones que mejores remuneraciones paga en la entidad a sus trabajadores. Los sindicalizados tienen derecho a 31 prestaciones, además de su sueldo, por eso resulta incomprensible que a una lavandera, clasificada en el tabulador de puestos del sector burócrata en la categoría 1, la más baja, con un ingreso de 6 mil 500 pesos mensuales, se le puedan pagar 24 mil 500 pesos a través de la empresa que la “coyotea”; percepción que correspondería en todo caso, según el mencionado tabulador, a la categoría 15, en la que están enlistados entre otros, el Director del Archivo Histórico, los directores de área, el Procurador Fiscal y los subprocuradores de Justicia. No nos extrañaría que la intermediaria, además de la comisión que recibe por el servicio, o alguien en el gobierno se quedaran con una buena tajada del ingreso del trabajador. Existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se indica que los empresarios -en este caso el gobierno- son libres para utilizar las formas jurídicas de contratación que les convengan, siempre y tanto no afecten los derechos de los trabajadores. En la cláusula tercera del mencionado contrato se estableció que los servicios por 9 meses tendrían un costo de $1,956,689.13, y que se cubrirían en 9 pagos mensuales. Por lo que podemos concluir que si esta cantidad se distribuyera por partes iguales entre los 9 empleados, durante el plazo de vigencia de la operación, les correspondería a cada uno un ingreso aproximado de 24 mil pesos mensuales. Es importante destacar que en este paquete de servicios no están incluidos otros empleados de la Casa de Gobierno, como son la administradora, el cocinero, meseros, guaruras, camareras, choferes, jardinero, secretarias y mensajeros, que no sabemos si están contratados con el mismo o con otro proveedor de mano de obra, o si son empleados de confianza del gobierno panista. Proporcionalmente, ni en el Palacio de Buckingham tienen tantos criados a su servicio. Es un riesgo que en la residencia del gobernador trabajen personas cuya lealtad, confianza y discreción estén más bien orientadas a servir los intereses de los dueños y gerentes de la trasnacional que los contrata, que a los huéspedes del inmueble que atienden. Ya en abril de 2005, el tema de la servidumbre de la Casa de Gobierno escandalizó a la opinión pública, cuando el gobernador despidió a 5 de sus empleados por demandar derechos laborales y haberse atrevido afiliarse al sindicato independiente de burócratas que dirige la activista Francisco Resendiz Lara. Tres de estos mozitos habían servido antes en su domicilio particular. Hubo plantones de trabajadores en la Plaza de Armas y en la residencia de gobierno, los cuales fueron desalojados una noche con violencia. El conflicto se trasladó frente al rancho de Fox en Guanajuato. Marcelo cedió y tuvo que indemnizarlos. Los ocupantes de la casa se justificaban con el argumento de que sus sirvientes no podían sindicalizarse porque eran trabajadores de confianza. Hay por lo menos otras 8 dependencias del gobierno a las que se les brinda este servicio, se desconoce el número de empleados que laboran bajo este esquema, pero deben ser cientos, sin embargo, en la respuesta a la solicitud de información que nos entregó esta semana la Oficialía Mayor, no acompañó el contrato de prestación de servicios que celebró Invernaderos de Santa Rita, ni el del Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes, que sabemos que existen, y que no quieren dar a conocer. Pero no todos los sueldos son tan generosos como el anterior, pues en uno de los contratos que se suscribieron el 3 de enero de 2008 con Desarrollo Global Competitivo, el secretario de Comunicaciones y Transportes pactó que a cada uno de los 5 inspectores del transporte urbano que puso a su disposición la empresa se les pagaría un salario de aproximadamente 3 mil 100 pesos al mes, ni la mitad del más bajo que recibe el empleado del gobierno estatal más mal pagado.
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