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El Lado Oscuro del Tomate Juan Antonio González Febrero 18, 2009.
Tratándose de recursos públicos, el gobierno tiene la obligación legal de dar cuenta en qué se gasta cada centavo del erario, es algo que la sociedad tiene derecho a saber. De eso se trata la transparencia. No se trata de saber cuántos kilogramos de tomates compran en la Casa de Gobernadores y cuánto se gasta en ello. No hay quien desee saber eso ni habría a quien le importe si la ensalada de tomates que le sirven al ejecutivo para acompañar la comida, son caros o importados, rojos o verdes, dulces o agridulces. Lo que es de interés público son los otros tomates, los del Invernadero de Santa Rita. Es secundario saber cuánto gana el ejecutivo o un secretario, lo que hace la transparencia en un gobierno es cómo rinde cuentas respecto del ejercicio del gasto público. Santa Rita es un negocio que le ha representado al gobierno del estado erogaciones por más de 700 millones de pesos en cuatro años. La cifra es más escandalosa porque se desconocen los recursos ejercidos entre 2008 y 2009. Pese a que se trata de recursos públicos, el gobierno de Marcelo de los Santos ha ocultado los pormenores del ejercicio de ese gasto. Sin embargo, para la administración estatal, lo anterior no forma parte de sus compromisos y obligaciones con la transparencia. Con la frivolidad que le ha caracterizado, el gobernador dijo que “se le entregará lo que se le tenga que entregar” a Eduardo Martínez Benavente que en sendas solicitudes de información pidió todo lo que se tiene que saber de los tomates y que hasta el momento nadie ha informado. Recurrió a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. Preguntas más preguntas menos, esencialmente solicitó lo mismo. En la mar de incongruencias de la burocracia, recibió dos respuestas distintas, la de Finanzas que virtualmente le anunció la entrega de los datos solicitados, pero para lo cual y debido al volumen de información y a su necesaria búsqueda, solicitó una prórroga de diez días, misma que se venció el pasado 16 de febrero. En cambio, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos no se anduvieron con medias tintas y respondieron que la información estaba clasificada como reservada. Dos respuestas radicalmente distintas a dos peticiones iguales, a ese nivel de incongruencia e incapacidad llega el gobierno estatal, sería lo primero que se puede apuntar. Si se quiere ir más allá de la simple respuesta negativa, se podría abundar en que detrás de eso lo que está es la intención de ocultar algo que podría estar chueco y que por ello, no conviene ventilar públicamente y que apuntaría probablemente un cochinero financiero. Está claro que lo que está bien no se oculta. Santa Rita visto como asunto judicial ha quedado cerrado y por tanto, no había justificación para la reserva, pero como lo que se oculta podría no ser como para honrar a la actual administración, se recurrió al plagio, a la piratería, a la copia de conceptos ajenos para motivar la causa de reserva sobre los asuntos financieros de los huertos. No se había dejado un resquicio para hacer pública la información hasta que la Secretaría de Finanzas cometió la torpeza de medio abrir la puerta al dar una respuesta positiva de entregar datos, para lo cual pidió tiempo. Al percatarse del riesgo que eso implicaba, se dio marcha atrás y se recurrió al pretexto de la reserva. Obvio, esa información no es para conservarla bajo la almohada, quien la solicitó desea hacerla pública pues de otro modo no habría razón para solicitarla. Es claro que al gobierno estatal no le importa que se le tilde de opaco, lo que le interesa es mantener encriptada a perpetuidad la información. Pero el tema de los tomates de Santa Rita no queda ahí. En la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública obran ya dos Recursos de Queja en contra de la SEDARH y Finanzas. Esa instancia revisará la validez de la declaratoria de reserva y en su caso, estará en condiciones de revocar los acuerdos del gobierno para desclasificar esa información. En aras del interés público, lo ideal es que la CEGAIP resuelva en ese sentido. Es previsible que habrá presiones en contra de los comisionados para que los Recursos de Queja no avancen o que en su caso sean desechados y se confirme la reserva. No se puede esperar otra cosa de un gobierno que ha hecho lo necesario para que de Santa Rita no se conozca a los beneficiarios. El caso, pondrá a la CEGAIP en una dura prueba y conservar la credibilidad que ha ido alcanzando con sus últimas actuaciones, estará en juego. Las rejillas de tomates pueden ser un estercolero, hacerlo público no es poca cosa para un gobernador que quiere ser recordado con el más grande, como el gran benefactor. El de los tomates de Santa Rita es un asunto de transparencia y es al mismo tiempo un asunto político de altos vuelos, por lo que hacer público su manejo financiero, se torna delicado y se convierte en secreto de Estado. Si la CEGAIP atiende el tema asumiendo que el interés público es primero, Santa Rita se puede convertir en el tomategate de Don Marcelo.
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