Contrapesos: Mayorga El Encubridor I

El alcalde Jorge Lozano nos engaño. Nos hizo creer que al concesionar a un particular el servicio del aseo público de la ciudad, el ayuntamiento se ahorraría la partida presupuestal destinada a ese rubro, que en el 2008 ascendió a 100 millones 890 mil 770 pesos. En diversas entrevistas y hasta en desplegados nos aseguró que el servicio sería gratuito. Sin embargo, la realidad es muy distinta porque más bien se trata de un contrato de prestación de servicios en el que, con nuestros impuestos, los potosinos le pagaremos a Red Colector y Vigue Relleno Sanitario, adjudicatarias de la concesión parcial de los servicios públicos municipales de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos, la cantidad de $75,406,108.00 en el primer año de actividades, en el segundo $86,784,429.00, y así, con incrementos anuales, hasta el 2024 en que se vence el contrato. Es conveniente destacar que el barrido manual con sus 258 empleados y 19 vehículos que atienden las calles del centro histórico y zona comercial, y que recogen la basura depositada por los peatones en los recipientes colocados en jardines públicos, plazas y otros lugares estratégicos no se concesiona. Su mantenimiento y operación con un costo de más de 26 millones de pesos anuales seguirán corriendo por cuenta del municipio. Queda establecido que cada año se actualizará la tarifa que cobrará la concesionaria por sus servicios aplicando un factor en el que se combinan abusivamente el tipo de cambio promedio peso dólar, el índice nacional de precios al consumidor, el precio del diesel y los salarios mínimos. Cualquier persona que deposite su basura en la zona de transferencia de la concesionaria le pagará a la empresa las cuotas establecidas.

En el decreto legislativo no se trató el asunto de la contraprestación que se le cubrirá a la empresa por sus servicios. Nada de pesos y centavos. Ninguna fórmula para fijar las tarifas. Dolosamente se escondió la información, no obstante que en un primer dictamen de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, del 28 de noviembre de 2008, en el que se declaró improcedente la solicitud para concesionar el servicio, se determinó que la propuesta se desechaba porque no señalaba lo referente al cobro por el pago de los servicios, ni se establecían, entre otros requisitos, las sanciones aplicables a la empresa en caso de incumplimiento. Sus observaciones no fueron atendidas por la Comisión de Gobernación que emitió el dictamen aprobatorio. A pesar de lo anterior, la mayoría de los diputados autorizó al Ayuntamiento a concesionar el servicio, aclarando que se seguiría prestando a título gratuito a los ciudadanos que lo generen en su casa habitación. Esto quiere decir que la concesionaria le cobrará al resto de los usuarios, como son los propietarios de los comercios e industrias de la ciudad. Las tarifas y costos constan en un documento que se filtró y que no aparece en los dictámenes que expidieron el Congreso del Estado y el Municipio. Si acaso en el resolutivo sexto del dictamen de evaluación y análisis del concurso para obtener la concesión se instruye tímidamente al área que corresponde de la administración municipal para “que dentro de las partidas presupuestales asignadas para el ejercicio 2009, se destine una partida presupuestal suficiente para dar cumplimiento al pago de servicios derivados de este concurso”.

Nos hicieron creer que el negocio de la concesionaria sería la comercialización de los productos de la basura. Sin duda alguna que el proyecto, como nos lo pintó el alcalde, era bueno. Se reconocía que ante la “imposibilidad económica y humana” para continuar prestando con eficacia el servicio de aseo público no les quedaba otra salida que subrogarlo a un tercero que invirtiera los 122 millones de pesos que se requerían para la solución integral del problema de la basura, incluidas las indemnizaciones que correspondieran a los trabajadores cesados, sin que a los potosinos nos costara un centavo el servicio. Aseguraba que la situación de la Dirección de Ecología y Aseo Público era catastrófica: vehículos en condiciones deplorables para recoger 159,539 toneladas al año en 146 rutas, cuando sólo se podía atender al 70 por ciento de los 700,000 usuarios, y aún así, reconocía que apenas se recibían 250 quejas mensuales de la ciudadanía por la falta de recolección de los desechos. Explicaba también su incapacidad para recoger la basura de fraccionamientos más allá de la mancha urbana, así como la insolvencia económica para invertir en infraestructura, y que la vida útil del tiradero municipal de Peñasco estaba a punto de fenecer. En fin, todo era negativo, pero eso si, había dinero para construir el puente de la avenida Chapultepec que le da vialidad y plusvalía a los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad, en los que no se podía invertir recursos públicos porque aún no han sido entregados al municipio. En unos días más se firmará con las concesionarias el contrato de prestación de servicios, y se hará la entrega del título concesionario. A partir de esa fecha se inicia el plazo de 180 días para que la empresa inicie actividades y se llene las bolsas de dinero.

Seguramente que el alcalde de la capital no se percató que el concurso para obtener la concesión para la prestación de los servicios de aseo público estuvo arreglado -por alguien muy próximo a él que participa en el negocio- para que se les adjudicara el contrato a las dos empresas que resultaron ganadoras. Sus luces y malicia no dan para tanto. Varios de los concursantes lo denunciaron en un desplegado que publicaron en los diarios locales el pasado 9 de febrero. Advertían que era imposible que en una semana pudiera alguien cumplir con los 121 requisitos que se exigían, así como contar con un terreno de 40 hectáreas que cubriera con todas las normas ambientales que se demandaban, y con la debida suspicacia apuntaban que sólo con influencias e información privilegiada se podía satisfacer lo requerido.

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