Quebradero: ¿La Ley de Transparencia? No pos no sé

Miguel Ángel Acosta González, presidente municipal de Villa de Arriaga se sinceró y admitió que no ha leído la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pese a ser sujeto obligado por esa legislación, el edil ni siquiera sabe por qué razón, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información le entregó un diploma el año pasado.

El diploma lo exhibe en su oficina en la presidencia municipal y para demostrar que si atiende los asuntos de transparencia, lo mostró con un dejo de orgullo, aunque luego, reconoció que no sabía porqué se lo habían otorgado.

Acosta González encabeza el naciente top ten de las sanciones por opacidad a los munícipes potosinos, deshonroso espacio que comparte con 20 alcaldes más. Es líder indiscutible porque se le ha sancionado por su reticencia a responder a peticiones de información y por no dar cumplimiento a la instalación de la Unidad y del Comité Municipal de Transparencia.

El edil por el PRD-PT confesó sin rubor que no atiende personalmente las solicitudes de información que los ciudadanos de su municipio le dirigen a él, puesto que como es una persona con muchas ocupaciones, delega esa responsabilidad a sus colaboradores.

Pero el diploma es mero adorno. El alcalde ha sido sancionado como resultado de cinco recursos de queja promovidos en su contra. Una de dos, o los cursos de capacitación no sirven para nada o bien, lo que le enseñaron al alcalde le entró por un oído y le salió por el otro.

¿No ha leído la Ley de Transparencia?

Lacónico, dijo, no.

Desde luego, intentó componer su confesión, se atienden las peticiones de “documentación”.

Se puso de pie, tomó el diploma que estaba en un librero y presumió “mire, tengo hasta un diploma de que hemos estado colaborando con ellos”.

Era un diploma sobre un Curso Básico para Servidores Públicos en Materia de Derecho a la Información impartido por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.

¿Y porque se lo dieron alcalde?. “Pues no sé, es que hemos asistido a sus reuniones, ahí hemos estado”, dijo aunque a cada pregunta sobre los asuntos de la transparencia asumía el clásico ¡What!

Acosta González no supo explicar las razones por las cuales desatendió las amonestaciones privada y pública que en su momento le hizo la CEGAIP a través de su presidenta, María de la Luz Islas Moreno.

Lo importante, dijo, es que "vamos a pagar y vamos a entregar los documentos que nos pidieron".

Sin el ánimo de generalizar, desafortunadamente esa la realidad que priva entre las autoridades municipales respecto de sus obligaciones con la Ley de Transparencia.

Es preocupante que el alcalde como la autoridad más cercana a la población no tenga idea de qué hacer cuando un ciudadano le solicita información. El caso de Villa de Arriaga es apenas un ejemplo.

Priva la ignorancia intelectual y cultural, el desconocimiento de las normas que rigen a la autoridad y una ausencia de voluntad notable en algo que es fundamental: conocer las leyes.

Si bien se trata de una legislación nueva y que la cultura de la transparencia aún es algo novedoso para muchas autoridades, no hay pretexto para mantener una ignorancia supina que resulta inexplicable.

Tal vez la responsabilidad no está del todo en los presidentes municipales, sino que habría que revisar la efectividad de las estrategias de socialización de la cultura de la transparencia por parte de la CEGAIP.

De poco sirve ofrecer cursos de transparencia y entregar diplomas si las autoridades no aprenden nada. Algo está fallando. O esos cursos son mero trámite o sus contenidos son deficientes en tanto que no se ajustan a la realidad municipal.

Arriaga es, por ejemplo, un municipio rural que presenta constantes conflictos políticos que tienen su origen en quién será el siguiente alcalde, la formación cultural de su población es precaria y, luego entonces, la de sus gobernantes también.

Puede ser que se pierda de vista la geografía política municipal y se de el mismo curso de capacitación en transparencia a los servidores públicos de Santa Catarina que a los de Soledad de Graciano Sánchez. Si es así, esos cursos son un desperdicio.

Cada municipio tiene su propia realidad, su propio contexto social y político y en la medida en que sus problemas y carencias son mayores, el tema de la transparencia pasa a un segundo plano sino es que lo mandan al demonio.

Lo que deja de lección Miguel Ángel Acosta González, edil de Villa de Arriaga, es que en su descargo, no se sabe quien tiene mayor responsabilidad sobre su orfandad de conocimiento en transparencia, sí él o la CEGAIP.

VISOR DE TRANSPARENCIA

6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008

Lista obtenida a través de solicitudes de información

* Adelantos a partidos

* Publicidad en medios 2007

* Publicidad en medios 2008

* Datos relevantes

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