Contrapesos: Mayorga El Encubridor I

Parecía una ociosidad dedicarle siquiera unos cuantos minutos a la lectura del informe definitivo de la auditoría de la cuenta pública 2007 del Poder Ejecutivo que presentó el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, a los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, y más cuando sabíamos que el contador es un experto blanqueador de cuentas y enderezador de entuertos; y aunque estábamos ciertos de que no se trataba de una información extemporánea o desfasada, sino de la última cuenta pública auditada que recibieron los legisladores el pasado 12 de junio, era obvio que el informe no reportaría nada grave y que perderíamos nuestro tiempo en revisarlo. Para esto ya habían transcurrido más de ocho meses desde la entrega formal del documento hasta que reparamos que si había elementos anecdóticos, falsedades y ocultamientos en el trabajo de fiscalización del contador Mayorga dignos de comentar y dar a conocer a los potosinos, y que no aparecen en las 10 observaciones cuantitativas ni en las 49 cualitativas que se quedaron sin solventar en la auditoría. De un presupuesto ejercido de casi 22 mil millones de pesos, apenas se le fincaron al Poder Ejecutivo 4 millones 506 mil pesos en observaciones cuantitativas que no pudo aclarar. Una insignificancia si consideramos que el Gobierno del Estado realiza miles de obras y acciones e incontables movimientos financieros al año. El resultado de la auditoría reflejaba un manejo casi perfecto de las finanzas públicas gubernamentales.

Por ejemplo, en la Secretaría General de Gobierno, que ejerció más de mil 100 millones de pesos en el 2007, sólo se le señala una irregularidad con un valor de 200 mil pesos. Su falta: no haber anexado la relación de firmas de recibido con la identificación de cada uno de los beneficiarios de una entrega de material de construcción entregado al Movimiento de Pueblo Libre. Al Instituto Estatal de Construcción de Escuelas se le observaron 963 mil pesos, que según el auditor es la diferencia en el total de intereses generados en el ejercicio de las cuentas de inversión, según estados de cuentas bancarias contra lo registrado por el IECE en sus estados financieros. De las adjudicaciones directas de algunas obras construidas en ese período sin licitar, no se menciona una sola palabra. Nada de que preocuparse. A la Junta Estatal de Caminos le cargó la mano con 4 observaciones. La primera por no haber presentado el comprobante del anticipo de un trabajo de alumbrado realizado en el boulevard de La Paz, por 800 mil pesos. Otra, por un poco más de 129 mil pesos, en la que se detecta que en un trabajo del tramo de la carretera Tamuín-San Vicente no se colocó la señalética del camino. Lo mismo ocurrió en el tramo de Tanquián a Tampomolón, pero en este caso, la observación es por casi 190 mil pesos. En la cuarta y última observación se le calculó un crédito de 33 mil 457 pesos por no haber instalado la semaforización en un tramo del distribuidos Benito Juárez. Las otras 4 observaciones le tocaron a la Comisión Estatal del Agua, por 2 millones 290 mil pesos, por no apegarse en algunos trabajos a la Ley de Obras Públicas o Adquisiciones. Puras nimiedades y tonterías, nada importante que destacar. Una vez más quedaba demostrado que Mayorga es un farsante y un encubridor de los ilícitos de los gobernantes. Todas las demás áreas del gobierno estatal que se auditaron quedaron sin observaciones cuantitativas. Las cualitativas quedaron reducidas a unas cuantas recomendaciones que hace el auditor para mejorar los sistemas de control interno de los entes fiscalizados.

Pero no toda la lectura del documento resultó inútil, pues se encontró información reveladora y valiosa como la que se refiere al invernadero de Santa Rita, entre otros asuntos que en las siguientes entregas se darán a conocer, no obstante que esta inversión estaba clasificada como reservada bajo el pretexto de que sobre ella pesaban varios litigios sin resolver. En el dictamen final de la auditoría no se emitió observación alguna sobre las presuntas irregularidades ocurridas en ese centro de producción agrícola, todo estaba perfecto, pero aún así se descubrieron notorias contradicciones que en un gobierno honesto se aclararían de inmediato. Lo más destacado de Santa Rita es que sus finanzas dejaron de ser un misterio a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para bloquear la información. El Estado de Resultados al 31 de diciembre, que consta en la página 118 del informe, reporta un ingreso de $227,879,151.00 por concepto de ventas totales de los productos de Santa Rita, sin embargo, en la página 26 de la auditoría revela que “los ingresos por las ventas generadas en el invernadero de Santa Rita se registraron en la cuenta de Otros Productos y fueron por un total de $242,510,058.00”. Una diferencia de más de 14 millones de pesos que falsean los resultados del ejercicio y desacreditan el informe del auditor. Lo que seguramente influirá en fijarle un precio menor de lo que realmente valen. De tal manera que las utilidades quedaron reducidas a menos de 4 millones de pesos, en lugar de 18. Esta burda alteración hubiera bastado para que el Congreso del Estado ordenara la suspensión de la venta de Santa Rita hasta que un despacho externo e imparcial auditara todas las operaciones del invernadero. Según el informe se trata de una empresa con finanzas muy sanas, pues el activo circulante es superior a los 169 millones de pesos, mientras que sus pasivos no alcanzan los 33 millones. Mastronardi sigue siendo su principal cliente, en el 2007 le facturó el 97.82% de su producción. La outsourcing Personnel Resource Group es la que proporciona al personal que labora en esa plaza, la que recibe una contraprestación de 15 millones 802 mil pesos por sus servicios. No se proporcionó el número de empleados contratados. De 152 observaciones que se le fincaron quedaron 5 sin solventar, ninguna de trascendencia. Los activos de Santa Rita según la ASE valen 352 millones de pesos. ¿Quién da más?

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