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El vendedor de inmuebles Primera parte Eduardo Martínez Benavente Abril 5, 2009.
La cultura del endeudamiento es una de las características más relevantes que distingue a esta generación de otras, las que hace apenas unas cuantas décadas –hasta principios de los años setenta del siglo veinte- no gastaban más de lo que les ingresaba. Contraer obligaciones financieras más allá de nuestra capacidad de pago es el signo de nuestros tiempos. Muchos recordamos cómo hace unos cuantos años la gente no adquiría más bienes y servicios que aquellos que podía pagar sin endeudarse, y a muy pocas personas se les ocurría acomodarse en un nivel de vida o consumo que no correspondiera estrictamente a sus ingresos. Los viajes, los automóviles, las comidas en los restaurantes, las tarjetas de crédito, la ropa fina, en fin tantos y tantos gustos, la mayoría superfluos, eran para unos cuantos afortunados, para contadísimos consumidores y para uno que otro simulador de rico. Los tarjeta habientes eran contados, los plásticos no se conocían. La explicación más atinada del origen de la crisis económica por la que ahora atraviesan países, personas e instituciones no es otra que su indebido sobreendeudamiento. La administración municipal que preside el alcalde Jorge Lozano Armengol no se quedó atrás, no resistió las tentaciones de pedir prestado para presumir obras lucidoras y caras, como los dos puentes que no le correspondían construir y para eso contrajo empréstitos muy superiores a los que sus ingresos le permiten contratar, y que ahora no sabe cómo pagarlos. Por lo pronto tendrá que dejar en ceros la línea de crédito revolvente que suscribió por 300 millones de pesos, y esto deberá ocurrir antes del próximo 26 de septiembre. Es difícil calcular desde ahora el monto total que tendrán los adeudos a proveedores y acreedores al día en que concluya su mini trienio de 32 meses y 26 días, aunque un punto de referencia puede ser los pasivos no bancarios que reportan los informes financieros del municipio al 31 de diciembre de 2008, y que sumaban más de 145 millones de pesos. A lo anterior habría que agregarle el préstamo que contrajo a 15 años por 190 millones de pesos y que destinó a la construcción de los puentes ubicados en el periférico Rocha Cordero y en la avenida Salk de esta ciudad. Como si construir obras con dinero ajeno fuera una gracia digna de festejarse. El reconocimiento hubiera sido si las obras se hubieran levantado con recursos propios, con ahorros, y más meritorio aún, si se hubieran erigido con las contribuciones que les corresponde pagar a los beneficiarios de estas construcciones por la plusvalía que obtendrán sus inmuebles debido a las inversiones que realiza el municipio alrededor de sus propiedades, tal como lo dispone la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luís Potosí, y que la administración de Lozano no se atreve a requerir, ni siquiera a los que lucran con los terrenos más caros y exclusivos de lo que fue el ejido de la Garita de Jalisco, en los que se construye uno de estos puentes. En el próximo proceso de entrega recepción habrá que contabilizar cualquier cantidad no cubierta por concepto de préstamos quirografarios, a los que es adicta la administración panista, así como el saldo del adeudo proveniente del crédito que celebró con Banorte para la construcción del fallido rastro TIF. Habrá que añadirle también el compromiso que tiene con la Comisión Estatal del Agua de contribuir con 300 millones de pesos para pagarle al prestador de servicios su cuota anual por la conducción y potabilización del agua procedente de la presa “El Realito” hasta los tanques de entrega. Otra pesadísima carga que afectará a las finanzas municipales serán los desembolsos que deberá cubrir a Red Colector y Vigue Relleno Sanitario, adjudicatarias de la concesión parcial del servicio de aseo público de la ciudad, el primer año por más de 75 millones de pesos, el segundo por 86 millones, y así, con incrementos anuales, hasta el 2024 en que se vence el contrato de prestación de servicios. Pero eso no es todo, lo que ahora más le angustia al alcalde es que no tiene dinero para llevar a cabo una serie de obras ofrecidas durante su administración, muchas de ellas inaplazables y otras en proceso de construcción. Se le acabó el tiempo y se quedó atorado. Por ejemplo necesita 80 millones de pesos para pagar el saldo de la deuda derivada de los 2 puentes. Para los colectores pluviales otros 40 millones. Para la prolongación del camino real a Saltillo 30 millones. Para la conclusión del edificio del IMPLAN, detenido por problemas legales con el contratista anterior, 4 millones y medio. Para alumbrado público 4 millones. Para el Tecnológico San Luís 1 millón 500 mil pesos. Para participación ciudadana 2 millones. Para las delegaciones municipales 15 millones. Para el Centro Logístico Municipal de Distribución y Abasto 20 millones. Para el nuevo cementerio municipal 21 millones. Para el puente 16 de septiembre y Río Santiago 27 millones. Para proyectos ejecutivos 5 millones. Total 250 millones de pesos que quiere conseguir mediante la venta de una buena parte del patrimonio inmobiliario municipal. Esta solicitud no pasa por el Congreso del Estado porque al cabildo se le olvidó fijarle a cada uno de los inmuebles el valor comercial que serviría de base para arrancar con la subasta pública. Igual de grave es no haber justificado con estudios técnicos que los inmuebles que se pretenden enajenar ya no son necesarios para el equipamiento de la ciudad, y que su desincorporación no afecta o reduce las áreas verdes de los fraccionamientos en los que se ubican las propiedades que se pretenden vender. Los únicos predios que no será necesario desincorporar de los 23 que se enlistan, porque son bienes del dominio privado del municipio, son el que se ubica junto a La Loma Club de Golf, que el fraccionador Vicente Rangel lo dio en pago a la administración de Octavio Pedroza para cubrir un crédito fiscal por más de 60 millones de pesos, y uno más que se localiza en la calle de Albino García.
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VISOR DE TRANSPARENCIA 6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008 Lista obtenida a través de solicitudes de información
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