Contrapesos: Mayorga El Encubridor II

La Auditoría Superior del Estado no tiene la estructura ni el personal necesario para auditar cada año a todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Es facultad del contador Héctor Mayorga determinar a quién se audita y quién queda libre de revisiones. Esta es una de las tantas atribuciones que perdieron los diputados con la autonomía que se le otorgó a la Auditoría Superior del Estado (ASE). La función de los legisladores quedó reducida a poca cosa en esta materia. Ya no les corresponde dictaminar si se aprueba o rechaza una cuenta pública, ni a quién se sanciona ni qué penas se aplican a los infractores. Su papel es casi decorativo. La atribución más importante que mantienen es la de revisar que los informes de las auditorías de las cuentas públicas que les presente la (ASE) se hayan realizado apegados a las disposiciones legales aplicables y emitan en su caso, las observaciones correspondientes. Esto quiere decir que sus cuestionamientos sólo pueden versar sobre si se cumplieron o no las formalidades y requisitos de la auditoría, pero sin entrar a la materia o fondo de las mismas. Es una fanfarronería por parte de algunos diputados “perdonavidas” cuando amenazan a funcionarios públicos con auditarlos y sancionarlos. No tienen facultades para esto. Si el desempeño del contador Mayorga se pudiera medir en razón de su productividad, entonces quedaría demostrado que sus resultados son un verdadero fracaso, pues disponiendo de un presupuesto de más de 80 millones de pesos anuales, apenas alcanzó a recuperar 2 millones de pesos por concepto de multas, reparaciones e indemnizaciones en el ejercicio del 2007, pero lo más decepcionante es que no desalienta la corrupción ni logra que se transparente el gasto público.

Es evidente el ensañamiento del auditor Mayorga con los presidentes y tesoreros municipales del interior del estado. Se trata de funcionarios muy vulnerables y atacables a los que les carga toda la mano, pues independientemente de las fechorías y excesos en que incurren algunos de ellos, otros son más bien infractores administrativos debido a sus errores, ignorancia y desorden para manejar su hacienda pública. Las observaciones a sus cuentas y los créditos fiscales que se les fincan son ridículamente desproporcionados e impagables. Sabe que nunca se los van a cubrir. A la alta burocracia estatal no la toca. Sus cuentas son inmaculadas. Sólo mediante un frente común que agrupe al mayor número de alcaldes se podría evitar que Mayorga siga aplicando selectivamente la justicia fiscal en San Luís Potosí.

En la primera parte de este artículo se dieron a conocer las 10 observaciones cuantitativas y las 49 cualitativas que quedaron sin solventar de las 18 auditorías que se le practicaron a las cuentas públicas del 2007 de otras tantas dependencias del Poder Ejecutivo, en las que se determinó que 4 millones 506 mil pesos observados, no fueron debidamente aclarados. Sin embargo, el trabajo de los auditores revela muchos otros datos de interés que la (ASE) consideró intrascendentes y que no enlistó en sus observaciones. Por ejemplo, no menciona que se gastaron 3 mil 78 millones de pesos por encima del presupuesto autorizado sin autorización del Congreso del Estado. No hay ningún control legislativo en las modificaciones presupuestales, el Ejecutivo hace lo que quiera con los excedentes. Los panistas de la anterior legislatura por esta misma causa reprobaron la última cuenta pública del ex gobernador Fernando Silva Nieto. Ahora les parece lo más normal. El informe tampoco incorporó las actas de la Comisión Gasto Financiamiento, en las que se razonara y justificara las modificaciones que sufrió el presupuesto. Todavía más grave es que el auditor Mayorga haya inventado la subcuenta 1320 que no existe en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, la que tituló como “Convenio cumplimiento laudo laboral”, para echar 13 millones 331 mil pesos de indemnizaciones laborales que cubrió a sus trabajadores el gobierno de Marcelo de los Santos. Los que despidió la Secretaría de Finanzas nos costaron más de 5 millones 640 mil pesos a los potosinos.

Algunos otros gastos indebidos que no fueron observados por la (ASE) son los siguientes, además de los que referiré en mi siguiente artículo. La Secretaría de Finanzas requirió préstamos a corto plazo durante el 2007 por 750 millones de pesos. Ni el auditor ni Finanzas nos explican en qué se aplicaron. Se le pagaron a Automotores de Zacatecas más de 24 millones de pesos por un terreno en el libramiento Rocha Cordero. No se menciona la superficie del inmueble para valorar si su precio es el justo. Ni a qué se va a destinar el predio. Por el servicio de la deuda pública directa se cubrieron más de 572 millones de pesos. 246 millones por concepto de intereses. Esta enorme erogación tambaleó las finanzas del Estado, y lo obligó a renegociar agazapadamente esa parte de sus pasivos. La Secretaría que estuvo a cargo de Alfonso Castillo Machuca pagó 123 mil 523 pesos a la empresa Arte y Color Salas y Comedores, S.A. de C.V. por amueblar la casa habitación de un policía discapacitado. Al auditor le pareció un gasto razonable que no observó. Las Casas de Estudiantes José Martí recibieron un donativo de 530 mil pesos en varias exhibiciones. No nos explica por qué se beneficia de esta manera a los antorchistas y a no así a otros grupos sociales que también demandan apoyos económicos. Se trata de un desvío de recursos. De dinero que termina donde no debía. Se cubrieron más de 25 millones de pesos en alimentar a los reos del Cepereso. Si los presos prepararan sus alimentos se ahorraría mucho dinero. A Guferd Corporación le pagaron medio millón de pesos por asesoría en materia de inteligencia e investigación policial. No se precisa en qué consistió exactamente el trabajo y si éste valió la pena. El despacho de Barrera, Sequeiros y Torres Landa, S.C., por atender durante ese ejercicio el pleito de los invernaderos de Santa Rita, cobró 722 mil 286 pesos.

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