¿A cambio de qué?

¿Qué les tuvo que dar la presidenta municipal de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo, a los directivos de Minera San Xavier para que le donaran a ese municipio 5 millones 378 mil 424 pesos con 09 centavos? ¿Por qué se desprendió la empresa de una suma tan importante que equivale al 28.78% del presupuesto anual del 2008 aprobado inicialmente a ese Ayuntamiento? ¿A cambio de qué o por qué? ¿Por qué no lo cacarearon los canadienses y sus sirvientes potosinos si en asuntos menores alardean sin ningún recato sus cooperaciones y les encanta aparecer en los medios de comunicación como benefactores de la comunidad? Este regalo equivaldría a la aportación gratuita de un particular al municipio de la capital por 471 millones de pesos, considerando que el ingreso anual del Ayuntamiento de San Luís Potosí alcanzó ese año la cantidad de $1,639,752.734.36. Un obsequio de estas dimensiones despierta todo tipo de suspicacias. La presidente municipal está obligada a explicar el fenómeno. Al Auditor Superior del Estado, Héctor Mayorga, no le impresionó el regalo pues en el informe definitivo de la cuenta pública de ese municipio, simple y sencillamente apunta que “Se registró el importe de $5,378,424.09 por concepto de aportaciones de la Compañía Minera San Xavier, S.A. de C.V. No se anexa convenio donde se especifique en que se van a utilizar esos recursos”. No le pareció necesario requerir a la empresa y al municipio para que le proporcionaran una copia del convenio. Tampoco investigó en qué se gasto el dinero. En su mismo informe describe que toda la obra pública correspondiente a ese ejercicio consistió en un acceso a la cabecera municipal, en la remodelación de la plaza y en la adquisición de algunos materiales para la construcción que sumaron 1 millón 931 mil pesos, y que se cubrieron con recursos del ramo 33. ¿En dónde quedó el dinero?

El pasado 14 de julio se le solicitó a la señora Loredo una copia del recibo o recibos expedidos por ese Ayuntamiento a la empresa minera, así como una copia del convenio que hubiera firmado con MSX para conocer los términos y condiciones del donativo. En esa misma fecha también se le pidió que proporcionara un informe de todos los apoyos económicos que les ha entregado a los párrocos de los templos de San Pedro Apóstol y San Nicolás, testigos mudos e indolentes de los daños irreversibles que ha sufrido el patrimonio histórico y ambiental de los potosinos, y que el contador Mayorga señala en su revisión, especialmente un cheque que se le expidió el 1 de julio de 2008, al sacerdote Leoncio Rivera Cabrera, sin comprobante alguno, para “ayuda a instituciones privadas sin fines de lucro”. La alcaldesa no ha entregado la información por lo que se presentó un recurso de queja ante la CEGAIP que seguramente procederá.

En una lucha por demás desigual y ante toda clase de arbitrariedades, el trabajo y valor de un puñado de ambientalistas, más dispuestos que nunca, como son Mario Martínez Ramos, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Sergio Serrano, Carlos Covarrubias, Ana María Alvarado, Héctor Barri y los hermanos Rivera Sierra, entre otros, ha permitido que el movimiento opositor a la minera subsista y tenga presencia y reconocimiento nacional y en otros países, lo que nos llena de orgullo a muchos potosinos. Tan es así, que el pasado 22 de julio se plantaron en la sede de la embajada de Canadá en México, ante miles de indignados mexicanos que solicitaban una visa para ingresar a ese país. En esa ocasión se le entregó al embajador un documento que contiene las indagatorias que han promovido en contra de directivos de la empresa que están implicados en actos de corrupción. Se le demostró también que son tales sus influencias y complicidades que las autoridades judiciales no se atreven a ejecutar una sentencia definitiva pronunciada desde el 5 de octubre de 2005, en la que se estableció que ni siquiera de manera condicionada se debió autorizar el proyecto de MSX en Cerro de San Pedro. El fallo sienta un precedente de jurisprudencia ambiental que servirá de referencia a los movimientos que enfrentan los excesos de las mineras trasnacionales. Ante la fiscalía especializada en delitos de servidores públicos se ratificó la denuncia penal presentada en contra de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Francisco Cuevas Godinez y Alejandro Sánchez Hernández, por obstruir la justicia. La negativa para declarar el centro histórico de San Luís Potosí como patrimonio mundial de la UNESCO, obedece, en gran medida, a la falta de protección a las minas que nos dieron origen.

No sabemos si el doctor Fernando Toranzo va a permitir que continúe la minera con la destrucción de nuestro legado histórico. No sabemos si va a permanecer indiferente ante tales acciones y argumente, como su antecesor, que se trata de un asunto federal que le heredaron y no le compete. O peor todavía que colabore con la empresa y le preste todo su apoyo para que los litigios se prolonguen hasta que no quede nada. Cuando compareció ante los miembros de Acción Ciudadana al inicio de su campaña, cuando parecía inalcanzable la gubernatura, le preguntamos sobre el tema y su respuesta nos dejó helados: nos dijo que lo desconocía. Es más, evadió una respuesta directa cuando le argumentamos que el cianuro y la contaminación de los mantos freáticos que la empresa origina dañan la salud de los potosinos, y eso que es la materia que domina.

El pasado 30 de agosto, el Congreso del Estado fijó oficialmente su postura respecto a la instalación y funcionamiento de la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, después de que diversas organizaciones sociales habían expresado su preocupación exigiéndole que se pronunciara. Se trata de un exhorto timorato y confuso en el que esta Legislatura le solicita a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental un informe pormenorizado de las actividades realizadas por la empresa, y le pide al Gobierno del Estado que no se deslinde de sus responsabilidades cuando se afecte el interés de los potosinos.

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6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008

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