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Marcelo de los Santos: Balance General Tercera Parte Eduardo Martínez Benavente Septiembre 27, 2009. “Mi opinión es que es lamentable que se tenga que recurrir a más crédito para cubrir otro crédito, porque se tapa un hoyo y se destapa otro”. La expresión podría ser la de cualquier crítico del gobierno de Marcelo de los Santos que leyera con detenimiento el artículo segundo del decreto 819 mediante el que el Congreso del Estado le autorizó un crédito por mil 500 millones de pesos el pasado 5 de agosto, a 50 días de concluir su mandato, que dice: "Artículo 2o. El crédito... se destinará a cumplir con las obligaciones financieras que tiene el Ejecutivo Estatal en materia de inversión pública productiva". Se tapa un hoyo y se destapa otro a 20 años. La expresión con la que se inicia este párrafo la pronunció en rueda de prensa el 10 de septiembre de 2003… Marcelo de los Santos Fraga. Entonces, en su calidad de gobernador electo, Marcelo de los Santos se refería a un crédito emergente por 125 millones de pesos que el Congreso del Estado le autorizó de último momento a Fernando Silva Nieto para reestructurar el crédito por 28 millones de dólares que se tenía con Bancomer, con motivo de los invernaderos de Santa Rita. Silva Nieto aseguró que informó de la solicitud del crédito a su sucesor; De los Santos rechazó esa afirmación y dijo que le correspondía al pueblo juzgar a su antecesor. ”A mí no, porque en un momento estaré en la misma situación”. Seis años después las palabras de Marcelo de los Santos probaron con creces su calidad profética. Desde el inicio de su gestión, para Marcelo de los Santos la deuda pública lo condicionó y se convirtió en el elemento que ahora lo exhibe más claramente como un gobernador de pantalla, pero ineficiente. En su toma de protesta acusó a Fernando Silva Nieto de dejarle una deuda por 3 mil 460 millones de pesos y no pasaron tres meses de su gobierno cuando, en enero de 2004, ya estaba solicitando al Congreso del Estado que le autorizara un crédito hasta por mil millones de pesos. Otra vez fue exhibido por su propia lengua: “jamás yo dije que la deuda era de tres mil 450 millones de pesos. Yo dije que los compromisos del Gobierno del Estado, independientemente de la clasificación que se les dé, eran de tres mil 450 millones, pero yo no dije que la deuda pública era de tres mil 450 millones de pesos”. Habrá que decirle que hoy los compromisos que deja al gobierno del estado, “independientemente de la clasificación que se les dé”, superan los 12 mil 500 millones de pesos. ¿Así se lo habrá informado a Fernando Toranzo Fernández? Desde aquel primer crédito solicitado por Marcelo de los Santos reveló que poco le importaba el cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Deuda Pública, pues asignó 330 millones de pesos de gasto corriente, entre los que se incluían los adeudos por el pago de aguinaldos a la burocracia en diciembre de 2003. El argumento con que justificó la violación a la legalidad: “Se enviará a la reestructuración de la deuda lo que se tenga que enviar”. El extremo del poco respeto a las leyes se dio en diciembre de 2007, cuando, para ocultar la insolvencia del gobierno del Estado para hacer frente a sus desorbitados compromisos y el fracaso de la reestructuración de la deuda bancaria de principios de 2004 en la que, por lo visto, le fallaron sus cálculos y los plazos les fueron insuficientes, en un artículo transitorio de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2008, taparan un asunto de tal relevancia, como es el permiso que se requiere del Poder Legislativo para renegociar los pasivos con diversos bancos que ascendían en ese momento a 2 mil 732 millones de pesos. Para colmo, esa maniobra ilegal la hicieron mal y se vieron obligados a publicar, el 22 de diciembre de 2007, una apócrifa “fe de erratas”, porque estaban ciertos de que no se trataba de un error de imprenta, para agregar a ese artículo transitorio un segundo párrafo en el que se faculta al Ejecutivo del Estado a afectar a favor del banco reestructurador, que resultó ser Banorte, las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado. ¿Qué no sabían que no se puede legislar un asunto de esa naturaleza en un artículo transitorio que no tiene otro objetivo que relacionar una ley en cuanto a su vigencia temporal, espacial, material o personal a través de una hipótesis de un hecho u acto? ¿Por qué trataron de evitar que este asunto lo advirtieran los diputados, sabiendo que su solicitud de todas maneras hubiera pasado sin contratiempos por un Congreso dócil y facilito? Sólo el ex gobernador tiene las respuestas. A esa desaseada reestructuración hoy se agrega un crédito por mil 500 millones de pesos igualmente ilegal, pero además inoportuno, pues se da al cierre del sexenio, igual que el que Marcelo de los Santos criticó hace seis años, y para tapar los hoyos que provocaron sus dispendios y derroches en obras suntuosas en perjuicio de las verdaderas prioridades del Estado. Ese nuevo crédito mostró, al cierre, la característica principal del sexenio marcelista: podía ejercer los recursos a su antojo con diputados obsequiosos que ni siquiera le solicitaron una exposición pormenorizada de la forma cómo aplicaría los recursos solicitados, rubro por rubro, con todo detalle y profundidad. Les bastó que les asegurara que su importe se destinaría a cumplir con las obligaciones financieras que ha contraído su gobierno en materia de inversión pública productiva en los 6 ejes rectores estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo para que le aprobaran el débito. Así, De los Santos deja comprometidas las finanzas por más de 12 mil 500 millones de pesos con una terrible agravante en puerta: El próximo año, una vez que entre en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental que regirá para toda la administración pública del país, todos los pasivos y obligaciones que reporten las contabilidades gubernamentales deberán reconocerse oficialmente como deuda pública. Entonces nos daremos cuenta que los potosinos somos, per cápita, los mexicanos que más dinero debemos en el país.
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VISOR DE TRANSPARENCIA 6as Jornadas de Acceso a la Información Pública 2008 Lista obtenida a través de solicitudes de información
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