Marcelo de los Santos: Balance General

Las aclaraciones que el ex gobernador Marcelo de los Santos publicó en la prensa local el pasado 20 de octubre no son veraces ni completas, pues entre sus argumentos tuvo la desfachatez de restarle a la deuda pública el valor de los activos del Invernadero de Santa Rita que calcula que valen 350 MDP, cuando sabe que ninguno de los interesados en adquirirlos le ofreció más de 250 millones, y por eso se declaró vacía la subasta. Con ese criterio bien podía haberle restado a su deuda el valor del Centro de Convenciones, de las inversiones hechas en Ciudad Satélite y hasta del Parque Tangamanga. Si seguía así hasta se le íbamos a quedar debiendo. Los 983 MDP que dejó Marcelo en bancos también se los rebajó a sus pasivos. Con la deuda de Fernando Silva Nieto no tuvo las mismas consideraciones. Le sumó 252 MDP de los aguinaldos de ese año, pero no le descontó un sólo centavo de los más de 545 MDP que le dejó etiquetados para algunas obras, aguinaldos y retenciones municipales, como tampoco le restó lo que podían valer algunos de los activos de su gobierno, como eran los propios invernaderos, o el museo Federico Silva. Nada de que con la vara que mides serás medido, pues hasta la inflación que se registró durante los 6 años de su administración quería que se la tomaran en cuenta para que los niveles de su deuda quedaran por debajo de los que recibió de Silva Nieto.

El ex gobernador Marcelo de los Santos debió aclarar en su réplica que al haberle concesionado a COINSAN los tramos de las carreteras a Rioverde y Villa de Reyes borró de la contabilidad gubernamental una parte del crédito del fideicomiso carretero que ascendía a 778 MDP, pero borró también un ingreso de más de 140 MDP anuales que correspondían a los derechos por transitar en esas vías, quedándose además con 144 MDP del mencionado adeudo.

En el primer informe financiero del gobierno del doctor Fernando Toranzo que presentó ante el Congreso del Estado el pasado 15 de octubre, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2009, saltan importantes diferencias con el “Informe Único sobre las Finanzas Públicas Estatales” que publicó en los diarios locales 6 días después el contador Jesús Conde, pues en el primer documento informa que el total de la deuda pública directa y contingente suma 4 mil 256 millones 614 pesos, mientras que en el segundo, en el desplegado, reconoce que ésta asciende a 4 mil 482 millones 458 mil pesos. No explica el origen de esa discrepancia como tampoco menciona algún otro pasivo o compromiso que le hayan heredado. Ni siquiera el monto de lo que se les quedó a deber a proveedores y acreedores. Nada que se aproxime a la escalofriante cifra de los más de 16 mil 267 millones de pesos que acusa en los medios que recibió de deuda y compromisos. Por lo que resulta que su informe es todavía más oscuro e incompleto que los que solía presentar su antecesor. Ante tales desaciertos el gobierno torancista perdió la oportunidad y hasta la credibilidad para desentrañar el conflicto de los pasivos, pues su empeño por esclarecerlos queda anulado por las diferencias abismales que reportan sus propios números. Y ahora ¿A quién creerle?

¿A Héctor Mayorga, el Auditor Superior del Estado? NO. Aunque haya ofrecido que en 15 días dará a conocer el análisis de la cuenta pública del tercer trimestre y que tomará una posición en las versiones que existen sobre el tema. En la entrevista que le concedió esta semana a la periodista Consuelo Araiza de La Jornada San Luís, el auditor por fin habla de la deuda pública, cuando antes nada había dicho de la ilegal reestructuración de la deuda pública que se negoció con Banco Mercantil del Norte. Cuando nada había declarado ni observado del préstamo bancario que se solicitó para reintegrarle a General Motors el precio que le pagó a los especuladores foráneos por los terrenos en que se instaló.

Ante la natural desconfianza que se le debe tener a Héctor Mayorga, creo que lo más conveniente es que el gobernador Toranzo atienda la propuesta que respetuosamente le planteó Acción Ciudadana en un desplegado que apareció publicado el pasado miércoles, en el que se le pide que se audite por un despacho externo todo lo relacionado con la deuda pública y demás compromisos e informe a la ciudadanía su resultado, y así podamos apreciar sin distorsiones la situación financiera real del Estado y en quién recaen las responsabilidades – si las hubo- por el descomunal endeudamiento, pues de lo contrario todo quedará reducido a una más de esas anécdotas escapistas que caracterizaron al gobierno de Marcelo de los Santos. En ese escrito también se le solicita que detalle los conceptos en los que se aplicó el préstamo de mil 500 millones de pesos y que se incluya una revisión escrupulosa que determine si los recursos obtenidos a través de ese crédito se destinaron efectivamente a inversiones públicas productivas.

En el informe que rindió la administración del doctor Toranzo se introducen por primera vez algunos datos de los movimientos presupuestales efectuados en el trimestre por la Comisión Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado, pero únicamente para hacer bulto, pues en las más de 850 transferencias que menciona el informe financiero trimestral se omite lo más importante: no se acompañan las actas con los razonamientos que justifiquen tales movimientos. Algunos ejemplos: “Transferencia, ejercicio 2009 SECRETARIA DE TURISMO DGPP-T2352/2009 5,000.000.00”. “Ampliación Líquida ejercicio 2009 SECRETARÍA DE CULTURA DGPP-T1531/2009 40,000.000.00” “Transferencia, ejercicio 2009 CONGRESO DEL ESTADO DGGP-T1942/2009 8,100.000.00”. Son miles de millones de pesos los que se mueven libre y discrecionalmente, orientados principalmente por los intereses y compromisos del gobernador en turno. Que no nos quede la menor duda que el que verdaderamente autoriza el gasto público y ordena en qué y cuánto se gasta es el gobernador del Estado, -no el Congreso- a través de esa Comisión que controla su secretario de Finanzas.

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