Acta de defunción de MSX

La sentencia que acaba pronunciar el máximo tribunal federal de justicia fiscal y administrativa del país es el acta de defunción de Minera San Xavier (MSX). Se trata de una resolución irreversible, definitiva e inatacable. Su expulsión de territorio potosino es inminente,- si no hay desacato- aunque antes tendrá que sanear el sitio y responder por los daños que su presencia depredadora originó en el montículo que representa la insignia histórica de nuestra ciudad y estado. Esta sentencia es el resultado de la lucha tenaz y sin concesiones de un grupo de ciudadanos en contra de la operación de la trasnacional canadiense New Gold-Minera San Xavier en Cerro de San Pedro; pero sobre todo, del exitoso trabajo jurídico del abogado Héctor Barri que atendió un litigio que se prolongó por casi diez años sin cobrar un centavo de honorarios ni de gastos por sus diligentes servicios.

La Secretaría encargada de conservar el patrimonio natural del país a través de las áreas naturales protegidas, la SEMARNAT, está obligada a emitir un fallo en el que para dar cumplimiento al mandato judicial del pasado 21 de septiembre anule definitivamente el permiso de cambio de uso de suelo; y para esto cuenta con 20 días para que emita y notifique a Pro San Luís Ecológico, A.C., la resolución a través de la cual dé el debido cumplimiento a la sentencia. La batalla jurídica por Cerro de San Pedro ha concluido con la derrota de los canadienses y el triunfo de los defensores del medio ambiente y del patrimonio histórico de los potosinos. La justicia mexicana dirimió un conflicto entre la sociedad civil y un poderoso grupo minero protegido por el gobierno canadiense y por autoridades corruptas vinculadas a los gobiernos del Partido Acción Nacional. Ante este golpe mortal, seguramente que la MSX seguirá pataleando hasta irremediablemente hundirse y tan es así que ya anunció en el desplegado que publicó hace 8 días que ha acudido al amparo, apelando la decisión judicial, cuando sabe que ya no hay instancias a las que se puede recurrir. Miente MSX cuando asegura en su escrito que la decisión del tribunal no afecta a las autorizaciones o permisos de explotación de su mina y que éstos siguen vigentes, pues sabe que el artículo 181 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, dispone que “En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, -como ocurrió en este caso- serán nulas y no producirán efecto legal alguno y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación de la materia…”

Sabían los canadienses y sus colaboracionistas locales que estaban muy lejos de terminar con el conflicto legal y superar las demandas que pesaban sobre la minera; y tan es así, que en el informe sobre la situación financiera y desarrollo de la empresa que rindió el presidente de la junta directiva de Metallica Resorces Inc., propietaria de MSX, el 13 de noviembre de 2007, reconoció y advirtió a los accionistas que: “En el caso de que se pronuncie un fallo adverso en cualquiera de las demandas legales que están pendientes de resolver, la compañía puede verse obligada a suspender o cesar el proyecto de construcción o las actividades de la explotación”. Los juicios pendientes de resolver existían y preocupaban a los dueños de la mina y bajo ese riesgo siguieron invirtiendo. Sabían que podían perder el pleito y que se podían ver obligados a cerrar su empresa, como lo previó la cabeza del proyecto minero. Por eso resulta desacertada la advertencia que hace el secretario de Gestión Ambiental del gobierno del Estado, Manuel Barrera Guillén, en el sentido de que el conflicto de MSX puede acabar en los tribunales internacionales del TLC, como ocurrió con los tiraderos de Guadalcazar, propiedad de Metalclad, en el que el gobierno federal tuvo que indemnizar a sus dueños con 16 millones de dólares. Fue un caso muy distinto al que ahora nos ocupa, pues en ese, al ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta se le ocurrió la puntada de cambiar el uso del suelo creando una reserva ecológica, cuando la empresa estaba en plena actividad industrial, y de esa manera les canceló el proyecto. Su medida se interpretó por los juzgadores como una expropiación en la que no se indemnizó a los afectados.

Es previsible que los abogados de la minera intenten una vez más, con la complicidad de las autoridades responsables de proteger el medio ambiente, y con el poder de los chantajes del gobierno canadiense, -que amenazarían con cancelar sus inversiones en México- entretener o “chicanear” la sentencia, como lo hicieron con la que se pronunció el 5 de octubre de 2005, en la que se evidenció que ni de forma condicionada debió otorgarse la autorización de cambio de uso de suelo; y así, seguir operando hasta exprimirle el último gramo a los yacimientos de oro y plata de Cerro de San Pedro. Entretener la ejecución de la sentencia a como dé lugar será su estrategia, lo que podrían conseguir si el gobernador Fernando Toranzo, considera, como su antecesor, que éste no es un asunto de su competencia sino de la federación en el que no debe entrometerse, como tristemente nos lo expresó a los integrantes de Acción Ciudadana en la reunión que tuvimos con él el pasado miércoles.

El cerro de San Pedro, emblema histórico y centenario de la ciudad y estado de San Luís Potosí está mutilado, despuntado, mocho. El daño que le han inferido es irreparable. Ante este agravio nos sumamos a la iniciativa que presenta el activista Rodolfo Martínez Lavín, para que el cabildo capitalino apruebe un nuevo escudo de armas en el que se proyecte el deterioro que sufrió, como un testimonio de gratitud a aquellos que frenaron su depredación total, y como un símbolo de la victoria en la lucha por la defensa de nuestro medio ambiente y la preservación de nuestro legado histórico.

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