Los despilfarros de Marcelo

Cuando el ex gobernador Marcelo de los Santos solicitó en el 2004 autorización al Congreso del Estado para reestructurar con la banca acreedora 650 millones de pesos que correspondían a una parte de la deuda pública heredada y para contratar una línea de crédito por otros mil millones, precisó que 170 millones de esos recursos se destinarían a la construcción de un centro de convenciones. Ese mismo año se elevó a 340 millones el presupuesto que requería la obra, el que se seguiría incrementando hasta alcanzar los 700 millones. Nunca coincidieron las cifras que daba el ex titular de Seduvop, Jacobo Cossío, responsable de supervisar el proyecto que llave en mano se adjudicó por licitación al grupo ICA, con los números que declaraba Marcelo de los Santos, pues mientras que el primero señalaba un costo de 500 millones de pesos, el segundo lo corregía y le fijaba un valor de 700. Lo que probablemente no había calculado Cossío era el valor del mobiliario y equipo que el gobierno se había comprometido adquirir para vestir todos los interiores de esa magna obra que sin licitar se entregó a Administradora Mexicana de Hipódromo, (AMH), encargada de su comercialización y operación. En el sobreprecio anterior iría también el pago de los extras por modificaciones y caprichos que se le hicieron al proyecto y que corrieron por cuenta del erario, pues el valor que se le fijó en el contrato que firmó con ICA no llegaba a los 429 millones. Muchos entendimos que una buena parte del último préstamo por 1,500 millones se destinó a pagar los adeudos que se tenía con la constructora por una obra que no ha podido entregar con todo y las prórrogas que se le han concedido. Al costo anterior habría que agregarle otros 48 millones de pesos que pagó el gobierno de de los Santos a una inmobiliaria de Vicente Rangel por los 45,976 metros cuadrados de terreno en los que se levanta el edificio. Más de mil pesos por metro cuadrado desembolsó esa administración por un predio en litigio y en breña que meses antes había devuelto la Secretaría de la Defensa Nacional a los ejidatarios de la Garita de Jalisco que se lo habían prestado para sus prácticas militares. En esa operación no se le cobró a Rangel el impuesto por la plusvalía que adquirió el resto del inmueble por la inversión gubernamental, por los servicios municipales que se le introdujeron y por el puente proyectado con los que se incrementó el valor de su terreno, como tampoco se le exigió por parte del municipio la cesión gratuita del 10% de la superficie original del terreno por haberlo dividido.

Creo que muchos potosinos coincidimos en que el Centro de Convenciones de San Luís Potosí, con capacidad para albergar eventos hasta de 8,725 personas en 32,325 metros cuadrados de construcción que comprenden el área de convenciones, la torre corporativa y un espacio para exposiciones, además de 620 cajones de estacionamientos, es un monumento a la vanidad y complejos de grandeza del ex gobernador Marcelo de los Santos porque se reflejan en esa obra su insensibilidad e irresponsabilidad al haber dispuesto de todos esos recursos en una construcción suntuosa, ofensivamente cara y no prioritaria cuando en el estado existen tantos reclamos y necesidades inaplazables que había que atender. También observamos con complacencia que el gobernador Fernando Toranzo condena el despilfarro de su antecesor y para demostrárselo rehúsa utilizar el inmueble para sus eventos.

El 5 de agosto de 2009, 50 días antes de que concluyera la administración de Marcelo de los Santos, sin licitar, sin consultar a Toranzo y sin importarle que ya no le correspondía comprometer el destino del inmueble, y menos para los siguientes 10 años, celebró un contrato de prestación de servicios con AMH para que promoviera, administrara, comercializara y operara el Centro de Convenciones. Este contrato es nulo porque se adjudicó a la usufructuaria sin que se hubiera convocado a una licitación pública en la que libremente se presentaran propuestas solventes para definir al ganador, por lo que Marcelo de los Santos, Héctor Vega, Humberto Picharra y Patricia Veliz que lo suscribieron en representación del gobierno del Estado deben ser sancionados. Se trata de un contrato leonino y entreguista, con cláusula de confidencialidad en el que AMH, operador de exposiciones, ferias y eventos corporativos, filial del Grupo CIE, que a su vez opera el hipódromo de la Ciudad de México, 31 centros de apuestas remotas y 27 salas de sorteos, entre otras actividades, lleva todas las de ganar y nada que perder. Por ejemplo: el plazo de vigencia del contrato es por 10 años obligatorios para el gobierno y voluntarios para la empresa, la que en cualquier momento si le conviene se puede retirar. El contrato puede ser renovado en forma automática hasta por otro período de igual duración si AHM logra hasta el 70% de los resultados proyectados en cuanto a la derrama económica que se genere en la entidad. De tal manera que podrá presentar resultados funestos durante los 10 primeros años sin que el gobierno pueda rescindirle el contrato o sancionarlo. AMH no le pagará un centavo al gobierno en reciprocidad por permitirle hacer negocio con los bienes de los potosinos, pues a la empresa le pertenecen todos los ingresos que se recauden por los servicios que preste. A lo único que tiene derecho el gobierno es a un descuento promedio de un millón 600 mil pesos anuales, considerando que tendrá que pagarle a AMH una renta de 30 pesos por cada metro cuadrado que ocupe. Los seguros que amparan los riesgos de un incendio, huelgas y alborotos populares son a cargo del gobierno. Las estimaciones que presentó la empresa en cuanto a visitantes, eventos y derrama económica no son confiables pues no están respaldadas por un estudio serio de mercado, ni se consideraron las desventajas de competir con otras plazas atractivamente turísticas, ni el conflicto de intereses que pesan sobre la empresa porque simultáneamente administra otros de centros de convenciones que también tendrá que promover.

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