¿Dónde quedó el dinero?

Es penoso el espectáculo que está dando el gobierno del doctor Fernando Toranzo al solicitar con urgencia un mini crédito por 100 millones de pesos a unos cuantos días de haber empezado su sexenio. El mismo costo político habría tenido que pagar por un préstamo de mil millones que por ese de tan pequeño monto, con el agravante de que en el segundo caso exhibe el tamaño de sus metas y pretensiones. Es inexplicable que un gobierno que puede disponer para este año de un presupuesto de más de 26 mil millones para cubrir su gasto público batalle para conseguir unos cuantos millones. La ineptitud del responsable de las finanzas, Jesús Conde Mejía, ha provocado una crisis de credibilidad en una administración que apenas arranca porque no se entiende cómo se atreve a pedir dinero para “enfrentar los gastos de esta época” cuando en el informe financiero que rindió al Congreso del Estado el pasado 16 de octubre, manifiesta que durante el último trimestre del año calcula recibir más de 5 mil 444 millones de pesos en partidas presupuestales asignadas y no ejercidas. La desconfianza de los proveedores y constructores gubernamentales por la insolvencia y pequeñeces de su cliente seguramente se verán reflejadas cuando le nieguen sus bienes y servicios si no se los cubren por adelantado. Mover a todo un aparato legislativo para que le autoricen un mini crédito legalmente improcedente porque no está destinado a inversiones públicas productivas, sin haberlo cabildeado y para que la mayoría de los diputados se lo nieguen, revela una enorme torpeza de sus operadores políticos. El secretario General de Gobierno, José Guadalupe Durón, también contribuye con una explicación genial, y culpa a la administración anterior de que a la alta burocracia no se le ha pagado porque borraron muchos datos del sistema de cómputo que ha retrazado los pagos, y no a la falta de dinero.

Es desconcertante que el doctor Toranzo declare que todavía no sabe en qué aplicó Marcelo de los Santos los 1,500 millones de pesos que obtuvo a través de un préstamo en los postrimerías de su mandato. A estas alturas desconoce dónde quedaron esos recursos cuando ha tenido dos meses para investigar todos los movimientos bancarios, las pólizas y facturas de su antecesor. Tampoco ha podido desmentir o explicar en qué se gastaron los fondos que el ex gobernador asegura que dejó en bancos por 983 millones de pesos, como lo manifestó en su desplegado del 20 de octubre, en los que supuestamente estaban etiquetados los aguinaldos y las retenciones de los municipios que se esfumaron.

Sólo Jesús Conde sabe si el doctor Toranzo está enterado que hizo uso de una prórroga para dar respuesta a una solicitud de información en la que un peticionario le requiere una relación detallada de todos los pasivos al 26 de septiembre, en la que especifique el monto, concepto y nombres de todos los proveedores y acreedores a los que no se les cubrieron sus adeudos. Nos sorprende que el 21 de octubre haya publicado un informe sobre las finanzas públicas estatales en el que señala que los compromisos financieros heredados alcanzaron la cifra de 16 mil 267 millones 896 mil pesos, y ahora responda que necesita más tiempo para proporcionar los datos solicitados. Tendría que explicar también en qué consiste el ahorro presupuestal o superávit por más de 2 mil 300 millones de pesos que reporta el informe del tercer trimestre que como secretario de Finanzas presentó a la actual Legislatura, pues los ingresos acumulados que declara hasta el 30 de septiembre pasado alcanzaban una cifra de $20,581,533.000.00, mientras que los egresos a esa misma fecha fueron sólo por $18,281,000.000.00.

La falta de liquidez del gobierno torancista también le pegó a las haciendas municipales que demandan urgentemente un anticipo de sus participaciones para hacerle frente a los compromisos más apremiantes. Cada mes se les retenía una parte de esos recursos como una medida de previsión para solventar los gastos de fin de año. En este ejercicio no se hizo o el gobierno del Estado dispuso de esos ahorros para otros fines, el caso es que no hay dinero y se ven en la imperiosa necesidad de recurrir a los préstamos bancarios con una innovadora pero ilegal propuesta de los legisladores priístas que se aprobó el pasado jueves, en la que se autoriza a los 58 ayuntamientos, la afectación de sus participaciones federales como fuente de pago y garantía del crédito que se les otorgue, cuyo monto no podrá rebasar del 10% de las participaciones que obtuvieron durante el 2009 y que deberá ser liquidado a más tardar el 30 de noviembre de 2010. Por cierto que esta autorización se les concede sin solicitud de por medio, sin que el Congreso conozca a qué se destinará el dinero y sin un estudio financiero que mida su capacidad de pago. Con esta fórmula el municipio capitalino podría solicitar 73 millones de pesos, más el importe de los intereses y comisiones que devengue el préstamo; Soledad, 18 millones más accesorios financieros; Valles, 12 millones; y Cerro de San Pedro, 300 mil pesos.

De acuerdo a la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios los recursos que reciban los ayuntamientos por parte de la banca acreedora son deuda pública, pero a su vez no lo son. No lo son porque en este caso se trata de financiamientos directos destinados a solventar necesidades temporales de flujo de caja, cuyo pago deberá realizarse en el mismo ejercicio fiscal y por lo tanto no se requiere la autorización del Congreso, pero sí lo son porque están respaldados con la afectación de sus participaciones federales y por lo tanto deben ser aprobados por las dos terceras partes del cabildo, autorizados por el Congreso e inscritos en los registros de deuda pública, y si son deuda pública los recursos estarán invariablemente destinados a inversiones públicas productivas, lo que desde luego no ocurrirá en estas operaciones. Más tarde y fuera de toda norma vendrán las solicitudes individuales para los préstamos y las asignaciones de las partidas presupuestales para sus pagos.

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