La mararña presupuestal

Los diputados del Partido Acción Nacional aprobarán por unanimidad el dictamen que contiene las iniciativas presupuestales de ingresos y egresos del gobierno priísta sin estimar las aberraciones jurídicas y técnicas que registra el documento. Y como contraprestación o pago por su voto, la fracción del PRI, conjuntamente con la del PAN, desecharán por “notoriamente improcedentes” las solicitudes de los juicios políticos que presentaron los miembros de Acción Ciudadana en contra del ex gobernador Marcelo de los Santos. El próximo lunes seremos testigos de esta deshonesta negociación que confirma nuestras sospechas en el sentido de que el gobierno del doctor Fernando Toranzo resultó ser un encubridor de los ilícitos de su predecesor.

La iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos que envió el Ejecutivo a los diputados el pasado 15 de noviembre para su consideración, debió ser rechazada y devuelta a sus promotores con un exhorto que los obligara a dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley que Fija las Bases para Determinar las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luís Potosí, pues no acompañaron los tabuladores con las remuneraciones de los servidores públicos en el respectivo presupuesto, lo que era indispensable para cerciorarse de que ningún funcionario recibiera más remuneración que la fijada en esos documentos y que nadie ganara más que el gobernador del Estado. Sin ese requisito de validez, los diputados aprobarán el presupuesto. Es más, en la iniciativa ni siquiera se identifica con claridad la demanda gubernamental de recursos destinados a servicios personales. Les bastó mencionar en el anexo uno un rubro general por 4 mil 830 millones 426 mil 945 pesos por concepto de servicios personales, cifra que no coincide con la que se consigna más adelante, en el anexo tres, pues en éste se eleva a 4 mil 846 millones 791 mil 900 pesos. De tal manera que serían más de 16 millones de pesos los que andarían “bailando”.

Las disminuciones abismales que se manifiestan en los egresos de algunas de las dependencias del gobierno para el 2010, como la Secretaría General de Gobierno, a la que se le señala un gasto de un poco más de 168 millones, no son reales porque se omitieron las remuneraciones del personal. Esta cifra no tiene comparación alguna con los 1 mil 333 millones que aparecen en el presupuesto de egresos del 2009 para esa misma Secretaría, a la que en ese ejercicio si se le sumaron los sueldos y salarios. Lo mismo ocurre con los más de 766 millones que se le asignan a la Secretaría de Finanzas para el 2010, comparándolos con los 1 mil 227 millones que reporta la misma en el 2009. Al despacho del gobernador se le autoriza gastar para el próximo año la cantidad de 40 millones 545 mil 300 pesos, menos de 34 millones de lo que se ejercerá en el 2009, ahorro que no es real ni exacto, y si hubiera algún ahorro no se podría determinar porque no sabemos cuánto es lo que gastará esa dependencia en sus empleados. Se trata pues de un juego de números en el que el gobierno torancista nos quiere hacer creer que está ajustando sus gastos a cantidades mínimas, muy inferiores a las que dispuso el ex gobernador Marcelo de los Santos durante su mandato. Aunque esos juegos de austeridad y pobreza son falsos pues nos acabamos de enterar que el gobierno potosino cuenta proporcionalmente con mucho más recursos presupuestales que estados como el de Jalisco, que se ubica entre los más prósperos y emprendedores del país. Cualquier ciudadano puede consultar en el Internet que el presupuesto de ingresos de esa entidad para el 2010 será de $63,759,348.400.00, en el que están incluidos recursos por más de 3 mil 200 millones de un préstamo bancario que solicitará para una población de 7,040.437 habitantes, mientras que San Luís Potosí tendrá un presupuesto de $25,434,829.343.00, sin necesidad de recurrir a empréstitos para 2,410.414 potosinos. Si se repartiera todo ese dinero entre los jaliscienses les correspondería a cada uno un ingreso de 9 mil 056 pesos, mientras que si hacemos lo mismo con el de nosotros nos tocarían más de 10 mil 552 pesos por persona. Nuestros vecinos necesitarían otros 10 mil 500 millones para emparejarnos.

Los diputados debieron rechazar la iniciativa de presupuesto de egresos porque en los anexos no se identifican los rubros de gasto corriente y de inversión de los solicitantes. Es un documento incompleto que no agrupa, clasifica y ordena los conceptos y naturaleza de las erogaciones. Por ejemplo, le asigna más de 570 millones de pesos al Poder Judicial, pero no informa cómo se van a aplicar esos recursos. Ningún detalle de lo que se le pagará a un magistrado, a un juez o a un actuario. Nada, absolutamente nada de lo que proyectan erogar en papelería, luz, teléfonos, etc. Sólo existe un simple y solitario renglón en el que sin mayores explicaciones aparece la cifra anterior. Y para más confusión y desorden, en algunas secretarías como la de Educación, SEDARH, Servicios de Salud, entre otras, si se incluyeron las partidas que corresponden a la nómina. Otro disparate de esta iniciativa son los miserables 37 millones 278 mil pesos que se destinan a subsidiar a las instituciones asistenciales, de salud, educativas y culturales de todo el Estado, y que quedan condicionadas arbitraria e ilegalmente a que la Secretaría de Finanzas revise sus actividades para determinar si se aprueba o se niega el recurso, como si no fuera suficiente haberlas incluido en la Ley de Presupuesto de Egresos como beneficiarias para que puedan disponer de las partidas asignadas. De cualquier manera es inútil aprobar un presupuesto de egresos como esta Ley, en la que con un simple acuerdo de la Comisión Gasto Financiamiento, que controla el responsable de las finanzas, puede modificarlo como mejor le parezca y disponer a su arbitrio de los excedentes, sin que para esto se requiera de la autorización del Congreso.

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